José Luis Ábalos firmó el 20 de marzo de 2020, en los peores días de la pandemia, una orden ministerial para que Puertos del Estado asumiera la adquisición de ocho millones de mascarillas, por 20 millones de euros, a Soluciones de Mandato y Apoyo a Empresas SL, la compañía en torno a la que excursión la trama presuntamente corrupta del ‘caso Koldo‘.
La adquisición, según ha constatado este diario, no pasó por el Consejo Rector de Puertos, y se pergeñó en la cúpula del sección de Ábalos. Por eso la Gendarme Civil se personó el martes en las oficinas de Puertos, para preguntar por el procedimiento y los pormenores de este acuerdo, y para tomar declaraciones, según confirman a este diario fuentes internas del organismo.
Por otra parte, dos fuentes distintas de la cúpula operativa de Puertos del Estado coinciden en señalar a EL MUNDO que la adquisición fue una imposición directa del Profesión de Transportes. “Se nos obligó desde el Profesión a hacerlo nosotros, nos obligaron”, reconoce un stop cargo del organismo divulgado. “Si el ministro te dice que tú lo tienes que hacer, tú lo haces”, añade. No en vano, Puertos depende orgánicamente del Profesión. “Nos forzaron a sufragar una gran cantidad de mascarillas”, reconoce otro directivo portuario, y “a un precio inflado”. En concreto, a 2,5 euros por cada mascarilla FFP2.
¿Por qué Puertos? En un principio, algunos dirigentes del organismo pensaron que Ábalos usaba a este organismo como transporte de la adquisición porque “había caja”, y adicionalmente las empresas públicas a las que se iban a destinar las mascarillas debían pagarlas al precio concertado. Pero ahora que ha estallado la trama, las mismas fuentes revelan una circunstancia que los propios Ábalos y García mantenían oculta.
¿Cuál? Pues que Koldo García Izaguirre era entonces mentor de Puertos del Estado y mantenía, según Anticorrupción, una relación “directa” con quienes tramitaron la adquisición de las mascarillas. El asesor de Ábalos ocupaba una de las vocalías de la dirección del organismo. De hecho, permaneció en ese puesto desde poco a posteriori de la venida de Ábalos al Gobierno hasta su cese, en 2021.
Hasta ahora, se había hablado con profusión de cuánto extrañaba a los directivos de Renfe Mercancías la presencia de este asesor de Ábalos -ex escolta- en su consejo, pero su pertenencia al Consejo Rector de Puertos del Estado había pasado por debajo del radar. Este consejo, que en el organigrama de la entidad se sitúa por encima de la presidencia, lo forman el presidente de Puertos -entonces, Francisco Toledo-, un secretario y varios vocales.
El utilitario del enjuiciador de la Audiencia Doméstico Ismael Bronceado es claro al señalar que el acuerdo de Puertos del Estado con Soluciones de Mandato estaba ya “concertado” antaño de que se firmase la orden ministerial. “Del examen de la cronología relativa a todos los contratos investigados y a otros firmados por Soluciones de trámite, se desprende que la publicación de la orden para la adquisición y distribución del material retrete se produce el mismo día que la adjudicación a Soluciones de trámite de un acuerdo para cubrir la escazes”, apunta.
Como ha publicado este diario este viernes la empresa de la trama logró el acuerdo a las 24 horas de una orden del ministro y pese a no tener ninguna experiencia en el sector ni mostrar solvencia.
Y eso, a fanales del enjuiciador, “hace evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de trámite y la Agencia Pública”. ¿Cómo? A través de Koldo García, que trabajaba en entreambos lados. Ese “concierto” todavía aparece reflejado “en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades en ese momento temporal, con el fin de cubrir la entrega de los equipos de protección”, añade el enjuiciador.
En Puertos ponen ahora el foco sobre el reparto forzoso que les obligaron a hacer: 2 millones de mascarillas a Correos; 80.000 a ADIF; 620.000 a Renfe-Operadora; 4.800 a la entidad pública empresarial ENAIRE; 102.000 a AENA para su posterior distribución en el ámbito del sector etéreo; y 1,13 millones al propio espantajo Puertos del Estado y Autoridades Portuarias “para su distribución en el ámbito del sector náutico”. Todos ellos debían abonar la cantidad forzosamente, para repartir el coste de la operación.