Ha tomado esta osadía posteriormente de que la dirección del PSOE le diese un últimátum de 24 horas al considerar que tiene responsabilidad política en el llamado caso Koldo que investiga presuntas mordidas en la negocio de mascarillas durante la pandemia y se ha saldado con la detención de su asesor en el Profesión de Transportes, Koldo García Izaguirre.
Ábalos se rebela y mantendrá su relación, posteriormente de tener ostentado responsabilidades de primer nivel en el PSOE, del que fue secretario de Estructura y en el Gobierno como ministro de Transportes durante más de tres primaveras. Se prostitución de un caso sin precedentes, un dirigente de primer nivel y del núcleo duro del presidente del Gobierno que termina como parlamentario en el género fósforo.
Este lunes la Ejecutiva Federal del PSOE decidió por unanimidad pedirle el relación de parlamentario y le dio 24 horas para entregarla, según indicó la portavoz Esther Peña, que se mostró convencida de que Ábalos haría lo mejor para el partido.
Señaló que era un hombre que representaba la “conformidad” del partido “del puro respeto al colectivo” y a la historia del partido y luego no dudaba de que actuaría “en consecuencia”. Sin incautación, ha decidido resistir a la presión interna y conservar su asiento como parlamentario.
La reacción del PSOE
El PSOE iniciará un expediente de expulsión al exministro de Transportes y exsecretario de Estructura, José Luis Ábalos, por no entregar el relación de diputado y ocurrir al Agrupación Variado, según ha indicado el portavoz en el Congreso, Patxi López.
“Supongo que la Ejecutiva del partido empezará a tramitar un expediente de víctima cautelar como militante socialista, que es lo que habíamos dicho desde el principio”, ha señalado López en declaraciones a los medios en la Cámara Depreciación, encajado posteriormente de que Ábalos comunicase su osadía de retener el escaño.
“Es un día muy triste”, ha subrayado López, posteriormente de que el partido diese un ultimátum de 24 horas a Ábalos para que renunciase al escaño por su “responsabilidad política” en el caso Koldo, que investiga presuntas mordidas en contratos de negocio de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.