Esta es la segunda vez que Iván visita la misma sala del tribunal. En junio fue juzgado por maltrato y abandono animal por dejar morir a tres ovejas y una cabra en una finca que regentaba, pero el juez lo absolvió.
Ahora se enfrenta a un pedido de pena de dos años y medio por el fraude, fechado en los meses de junio y julio de 2002. El propio imputado admite que se benefició del dinero porque atravesaba dificultades económicas. Lo consideró un “préstamo” con posibilidad de devolución.
Pero la víctima, por su parte, se consideró engañada por quien creía su amiga e incluso la amenazó para que no contara nada. Ella admite que Acompañó al acusado a una oficina de Abanca en Xinzo y firmó un papel para proporcionar las contraseñas para la banca electrónica. Según las acusaciones, no debieron entregárselos en la sucursal porque era una persona discapacitada y estaba bajo la tutela de su tío y así constaba en la documentación aportada a la entidad.
Iván exculpó al padre, a cuya cuenta envió el dinero para luego retirarlo. Este último aseguró que desconocía esta artimaña y que no sabe cómo realizar operaciones online.
La Fiscalía considera que el acusado, consciente de la incapacidad jurídica del perjudicado, “se aprovechó de sus limitaciones”. Lo acompañó a una oficina para solicitar la activación del servicio para poder operar con banca remota. La defensa del banco alega que acudieron a otra oficina, donde el personal desconocía la discapacidad del perjudicado.
Según la acusación del Ministerio Público, durante varios días de junio y julio de 2020, el demandado retiró 5.520 euros de una cuenta con el sistema Halcash y lo envió a su teléfono, además de ordenar cuatro transferencias por 2.400 euros. Y sacó de otra cuenta 6.460 euros y ordenó siete transferencias por un total de 4.200.