A pocas horas de la Apertura del Año Judicial en la Corte Suprema, el Asociación de Fiscales (AF) lamenta que el fiscal general del estado, Álvaro García Ortizaún no se ha pronunciado sobre las palabras del prófugo Puigdemont «instando al Gobierno a «maniobrar para que la Fiscalía dé un paso atrás en todas las causas judiciales» abiertas por el desafío independentista del 1-O.
“El silencio ante la gravedad de lo solicitado no es una opción válida para quien ostenta la dirección del Ministerio Público”, afirma la AF en un comunicado en el que recuerda que mientras sobre este tema no dijo nada, García Ortiz sí tuvo ayer la oportunidad de firmar dos decretos.
La AF no se siente sorprendida por las palabras de Puigdemont, alimentada por la que deja “flotando en el aire la pregunta: ¿de quién depende la Fiscalía?”. Recuerde que “la politización de la justicia es una herramienta puesta al servicio de quienes no creen en la separación de poderes ni en el respeto a las Instituciones Constitucionales, de quienes desdeñan las funciones esenciales que desarrollan en el mantenimiento del Estado de derecho mediante la forma en que tanto se oponen a sus intereses particulares y que lejos de estar amparados por el ordenamiento jurídico, lo contravienen en forma de delito primero y fraude de ley después».
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