la red de Los Colegios Católicos de Castilla y León formarán un total de 98.000 alumnos durante el curso 2023/2024 en 174 centroscon la aportación de 9.532 profesionales, lo que representa el 29 por ciento del alumnado de la Comunidad y constata la confianza y el apoyo mostrado por las familias en el “proyecto común de calidad, valores e innovación”.
El secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, Leandro Roldán, ha señalado que este inicio radica en la “estabilidad” en el número de alumnos y en el número de unidades concertadas en los centros de Escuelas Católicas, a pesar de la situación demográfica que atraviesa a través de La Región, al ser un año en el que aquellos niños nacidos durante la pandemia inician el segundo ciclo de Infantil, cuyos datos de entonces fueron negativos, ha matizado.
Tanto es así que se espera un “ligero descenso” del 0,2 por ciento de alumnos en alguna etapa educativa, que se equilibrará con los nuevos alumnos que lleguen al primer ciclo de Infantil, que serán unos 2.200 en todos los centros, por lo que incrementarse un 1,5 por ciento en algún nivel educativo, ha detallado, recoge Ical.
Entre las grandes novedades de este año estará la Gratuito de uno a dos años en el primer ciclo de Infantil.de modo que la progresiva pérdida de alumnos que sufre Castilla y León se verá paliada con el incremento de unidades debido a la ampliación de la subvención para aulas de Infantil en este sentido, que se suma a la ya existente para alumnos de dos a tres años, que comenzó el año pasado.
Serán 76 los centros de Escuela Católica que se sumarán a esta subvención de Infantil, el 43 por ciento de la red concertada, cifra que representa el 31 por ciento del total de centros privados que ofertan estos dos cursos concertados, ya que se dotarán de 198 unidades con un total de 2.200 alumnos en estas aulas.
Roldán agradeció este compromiso de la Junta, porque “beneficia a las familias seguir avanzando en la conciliación familiar y en ampliar la libertad que tienen los padres para elegir centros”, ya que quienes opten por la red de Colegios Católicos también podrán beneficiarse de esta subvención, que ” evita así agravios comparativos”.
“Nuestro deseo es que esta etapa, al igual que el Bachillerato, pueda convertirse, en el futuro, en un convenio en lugar de una beca para ayudar a las familias de la Comunidad y cualquiera pueda acudir al centro que quiera”.
Una Lomloe “sin consenso”
Por otro lado, se refirió a la total implementación de la Lomloe, que es una ley que “se impuso sin consenso y, difícilmente, negociación”, que se introduce en cursos parejos. Aunque en Castilla y León la elección de centro está garantizada por el Ministerio, esta ley “limita la libertad de elección de las familias y discrimina la enseñanza concertada”. Además, existen grandes dificultades en su incorporación por la alta carga de trabajo, cambios de horarios y burocracia, puntualizó.
Pidió para el nuevo Gobierno un pacto educativo global entre todos los sectores que “permita, de manera consensuada, las transformaciones necesarias sin depender de vaivenes políticos”, donde la educación concertada sea una apuesta “necesaria, complementaria y de calidad”.
El secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León ha subrayado que tiene que hacer frente a la inflación y a los altos precios, porque la educación concertada tiene que “hacer frente a los efectos nefastos de la subida de los precios de la energía y a una inflación que no para”, que afecta la situación económica de las familias y colegios con un aumento de los costes de materiales, libros de texto, servicios escolares, comedor o transporte.
Ha vaticinado que habrá costes adicionales que sufrirán las familias y los centros, más aún cuando el “módulo de conciertos sigue siendo insuficiente para contrarrestar esta situación”. Será un curso “preocupante económicamente”, después de tres duros años, por lo que señaló que es más necesario incrementar la partida de gastos que se destina al pago del personal no docente, al equipamiento necesario para la labor educativa y mantenimiento. Se trata de un “juego insuficiente” en Castilla y León, porque los “costes reales de funcionamiento son, ahora, mucho más deficientes”.