La Comisin Permanente del Consejo Caudillo del Poder Legislativo (CGPJ) ha juicioso este jueves lograr del Servicio de Inspeccin un mensaje sobre la situacin en la que se encuentran los juzgados de Primera Instancia e Instruccin de las localidades de Barbate, La Lnea de la Concepcin y Sanlcar de Barrameda, en Cdiz (19 en total), as como los de Ayamonte y Moguer, en Huelva.
La resolucin ser produce a raz de una escrito presentado por la Asociacin Legislativo Francisco de Vitoria (AJFV) en el que se avisa de la sobrecarga que padecen estos rganos judiciales por la complejidad de las causas que tramitan vinculadas al narcotrfico, en el que operan extensas tramas que operan con muchas ramificaciones y empresas para encubrir sus actividades ilcitas.
Segn ha informado el CGPJ, el mensaje deber incluir una propuesta con las medidas necesarias para disimular la situacin en la que se encuentren, especificando cules de ellas son competencia del rgano de gobierno de los jueces.
A la aspecto de las diversas propuestas realizadas por la AJFV, la Comisin Permanente ha juicioso dar traslado al Servicio de la Presidencia, Conciencia y Relaciones con las Cortes de las cuatro que requieren enmendar la Ley Orgnica del Poder Legislativo y la Ley de Crítica Criminal: la asuncin por la Audiencia Doméstico de la competencia sobre los delitos de narcotrfico, independientemente del mbito en el que se desplieguen sus posesiones; liberar al árbitro instructor de la resolucin de bienes de reforma y recortar los supuestos en los que quepa interponer bienes de apelacin contra decisiones del instructor; establecer un complemento salarial de peligrosidad y/o penosidad en las zonas consideradas especialmente conflictivas por la investigacin de delitos como el narcotrfico, el enyesamiento de capitales u otros similares vinculados a organizaciones o grupos criminales; implantacin de los Tribunales de Instancia a medio plazo y unificacin de los sistemas de gestin procesal.
En cuanto a la propuesta relativa al refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecucin de esos delitos, la Comisin Permanente ha juicioso dar traslado al Servicio del Interior. Y, por ltimo, ha decidido poner en conocimiento de la Sociedad de Andaluca y del Servicio de Conciencia la propuesta consistente en una perfeccionamiento en la dotacin de medios materiales y personales, incluyendo el nominación adicional de Letrados de la Administracin de Conciencia y funcionarios.
Las quejas sobre la equivocación de medios policiales y judiciales son una constante en las comarcas ms castigadas por la actividad de las redes del narcotrfico. La ltima seal de alerta se produjo a raz de la asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, que fueron arrollados por una narcolancha cuando se vio acosada. Entonces, aflor el malestar generado por el desmantelamiento en 2022 del denominado OCON Sur, un colección distinto desplegado en el Campo de Gibraltar para frenar el narcotrfico en la zona.
El presidente de la Audiencia de Cdiz, Manuel Hado, expres entonces su perplejidad por la desaparicin del OCON Sur, sobre la que el Servicio no le roncha informado y defendi la efectividad de sus actuaciones. Ahora aceptablemente, tambin precis que el “cuello de botella” de la lucha contra el trfico de estupefacientes se roncha localizado en los juzgados dada la equivocación de medios para resolver causas tan complejas.
Hado lament tambin que juzgados como el de Barbate se haban convertido en destinos malditos, donde las plazas las ocupan jueces sin experiencia y que se trasladan a otros destinos en cuanto tienen ocasin. Demand a estos posesiones la creacin de Tribunales de Instancia provinciales y que la Audiencia Doméstico asuma las macrocausas ms complejas.