El magistrado considera que las tareas de asesoramiento por las que fue retribuido responden a trabajos realmente realizados
el juez de caso de neurona ha archivado la investigación contra el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y también ha levantado la acusación contra el partido como persona jurídica.
El magistrado Juan José Escalonilla explica en una resolución que la investigación ha disipado las sospechas de que Monedero hubiera cobrado una comisión de 30.000 euros por la contratación por parte de Podemos de la consultora mexicana Neurona. El importe pagado por estas obras de cara a las elecciones generales de abril de 2019 fue de 363.000 euros.
El cobro de los 30.000 euros por Monedero fue bloqueado por el banco por sospechas de blanqueo de capitales. La factura que presentó a su vez el fundador de Podemos generó dudas en las Fuerzas de Seguridad, que vieron varios indicios de que la factura por 100 horas de consultoría no se correspondía con un trabajo real.
Sin embargo, varios correos electrónicos examinados en la investigación entre Monedero y Neurona han despejado las sospechas, ya que reflejan un trabajo realmente realizado. De hecho, los pagadores reconocen que las 300 horas cobradas fueron en realidad más.
La resolución indica que no es técnicamente posible que los correos electrónicos examinados hayan podido ser manipulados. “Todos estos datos se almacenan en servidores gestionados por GOOGLE a los que los usuarios no tienen acceso de modificación”, indica el juez, recogiendo así explicaciones de la Policía.
Así, el instructor concluye que “no existen indicios” de que Monedero “intermediara o tuviera participación alguna en la contratación realizada por Unidas Podemos el 27 de febrero de 2019 con la empresa Neurona Comunidad SL, ni por tanto con la obra”. de consultoría electoral realizada en base a dicho contrato por Neurona Consulting”.
En otra resolución, el instructor del Juzgado 42 de Madrid ha apartado a Podemos del procedimiento en el que estaba imputado. El caso se ha limitado a un delito electoral, por financiación ilícita, y la ley “no prevé la posible responsabilidad penal de dicho partido político”.