Dos años de prisión por un delito de coacción y otros 2 por un delito de robo agravado
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la sentencia de 4 años de prisión impuesta en abril por la Audiencia Provincial. La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, asume los hechos considerados probados en ese momento, informa el TSJN.
Así, el 7 de marzo de 2019, la demandada firmó un contrato de alquiler de una vivienda situado en el casco antiguo de Pamplona, vigente del 10 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2020, y que fue prorrogada por dos años.
El 31 de marzo de 2021, la demandada informó a la inquilina su deseo de no renovar el contrato para renovar el inmueble, a lo que el arrendador respondió que permanecerá en el mismopagando el alquiler, hasta que encontró un nuevo hogar para ella y su hijo de 8 meses.
El 7 de junio, sin el consentimiento ni conocimiento del inquilino, quien seguía viviendo en la vivienda, Fui a la propiedad con un cerrajero. y cambié la cerradura.
Cuando llegaron la mujer y su hijo menor, no pudieron acceder. Se encontraron “en la calle y sin sus pertenencias” y, así, según la sentencia, el acusado logró dejar el inmueble vacío. Además, cuatro días después, el 11 de junio, Se registraron en ese piso. y eliminó a la inquilina y a su hijo del padrón municipal.
A todo esto se suma que, tras acceder a la vivienda, sy se hizo cargo e hizo suyas todas las pertenencias de la inquilina y su hijo. Entre otras pertenencias, había un ordenador portátil, un televisor, una cámara de fotos, joyas y enseres de bebé, además de artículos del hogar.
La inquilina presentó una denuncia en el Juzgado de Guardia el 8 de junio y solicitó que le entregaran sus pertenencias. El día 15, a petición de una trabajadora social, la imputada, frente a dos agentes de la Policía Municipal, le entregó dos maletas con ropa y documentos, pero no el resto de pertenencias con un valor pericial superior a 400 euros. Algunos más le fueron entregados el 16 de julio, pero no es la totalidad.
Por estos hechos el imputado fue condenado a 2 años de prisión por un delito de coacción y otros 2 por un delito de hurto agravado. También se le condenó al pago de dos indemnizaciones, 6.000 euros por daño moral y 4.819 por los objetos robados y no recuperados.
El demandado recurrió ante el Tribunal Superior, el cual determinó la existencia de un delito de coacción para impedir el disfrute legítimo de la vivienda, después de que el demandado hubiera cambiado la cerradura; y en segundo lugar, de un delito de hurto agravado, que colocó a la víctima y a su hijo en una grave situación económica luego de haber incautado todos los objetos y pertenencias que se encontraban en el interior del domicilio.