Según el entraña supremo fiscalizador de las cuentas y de la papeleo económica del Estado y del sector notorio, el Concello de Ourense cerró el adiestramiento 2022 con un consumición de 1,32 millones de euros anuales en consumición de personal eventual y dotaciones económicas a los grupos municipales. La signo, de récord en la ciudad, cobra todavía anciano cuerpo si se hace un descomposición en función de la población. Ahí, Ourense es con diferencia la hacienda española que más destina por indígena a sufragar su concejo. Son 12.616 euros por cada 1.000 habitantes (o 12,6 euros por cada vecino). Una signo que coloca a la ciudad de As Burgas en lo stop de la clasificación doméstico, solo seguida, pero a distancia, por Jaén, Almería, Albacete, Vitoria-Gasteiz o A Coruña.
De los 1,32 millones invertidos en 2022 en políticos, 298.934,61 euros se destinaron en dotaciones a los grupos políticos, y 1,02 millones de euros se invierten en personal eventual (asesores). Una signo récord, teniendo en cuenta que el Concello de Ourense, desde que Gonzalo Pérez Jácome asumió la Alcaldía, tiene el número mayor de asesores permitidos por ley (27), poco que no sucede en la inmensa mayoría de ciudades españolas.
El Tribunal acento de insuficiencia en la regulación
El Tribunal de Cuentas refleja el incremento de los gastos en políticos de Ourense, que ha registrado el anciano incremento en los últimos primaveras, “un 23% a la cuantía del adiestramiento precedente y un 15% superior a la del adiestramiento 2020”.
Cuentas señala que el Concello ha desarrollado en su norma la regulación de las dotaciones a los grupos políticos “de forma insuficiente”, y echa en error el necesario progreso normativo que facilite “el adecuado empleo, de la dotación, y en el que se detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles, y si, entre ellos, se admiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos, y, en su caso, la forma de justificarlas”.
Por otra parte, el tribunal fiscalizador afea que el Concelllo “no utiliza criterios objetivos” para la cuantificación de la asignación a los grupos municipales, “ni tiene en cuenta los costes de funcionamiento de aquellos para el establecimiento de la dotación”. Y advierte de posibles irregularidades: “La desaparición de control, por parte del Pleno y de la Intervención, de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales supone un peligro de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la norma”.