De momento hay siete detenidos y cinco investigados. Todavía se han realizado un total de 11 registros domiciliarios, algunos de ellos en las propiedades del expresidente de la Convenio, Luis Rubiales, que no ha sido detenido porque se encuentra fuera de España.
Los agentes de la UCO entraban a primera hora en las instalaciones de Las Rozas, en Madrid, y tenían mucho trabajo por delante: desvivirse toda la información que se cumplimiento en los ordenadores de los departamentos de Servicios Jurídicos y de Posibles Humanos de la Convenio. Son documentos y contratos que la Fiscalía llevaba pidiendo un año. Al no ocurrir sido entregados, se ha puesto en marcha el operante.
Citación procesal como investigado
No ha sido el único registro: ha habido 11 en total entre los que encontraba el domicilio en Bomba de Luis Rubiales, que se está fuera de España, en República Dominicana, desde hace semanas. Los agentes, que han contado la ayuda de Europol, recopilan la documentación precisamente de los abriles que Rubiales presidió la Convenio (2018-2023). La Fiscalía demora que regrese lo antaño posible o emitirá una orden de detención.
Uno de los siete detenidos, que podría ser secreto para aclarar las presuntas irregularidades, es Tomás Gonzalez Cueto, abogado y mano derecha de Rubiales durante su mandato. Los investigadores además han registrado las oficinas del estadio sevillano de La Cartuja.
La Municipal Civil investiga posibles irregularidades en pagos y contratos millonarios como el que se realizó para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Documentos en los que aparece Kosmos, la empresa del exjugador del Barcelona y de la selección española de fútbol Gerard Piqué.
24 millones por la intermediación
La querella que da origen al caso fue presentada hace dos abriles: la UCO investiga si Rubiales y Gerard Piqué tenían un plan para especular con comisiones por celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Todavía se investigan delitos de dependencia desleal y blanqueamiento de capitales.
En su momento fue poco inédito: aventurar un torneo del fútbol castellano en Arabia Saudí. Fue la primera irregularidad, según la cargo: “La Supercopa de España es una competición pública que no ha sido sacada a concurso conocido; se la ha entregado Rubiales a Piqué”, denuncia Miguel Prometido, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte.
Por la intermediación se pagaron 24 millones de euros a la empresa de Piqué. Un acuerdo, dice la querella, para que entreambos se lucrasen. Presentaron como prueba conversaciones entre entreambos que publicó ‘El Confidencial’ el 14 de septiembre de 2019.
La jueza investiga posibles transferencias de esas comisiones a terceras personas físicas sin demostrar. Pero hay más presuntas irregularidades en la querella con uno de los detenidos, González Cueto, como protagonista: aparece en varias ocasiones incluso por posibles espionajes a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).
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