No hay duda de que las próximas semanas son claves en las relaciones entre el Ejecutivo en funciones y el independentismo catalán, unas negociaciones marcadas por las condiciones que el prófugo Carles Puigdemont ha puesto a Pedro Sánchez para apoyar su investidura, entre ellas la de una ley de amnistía que, como publicó torrevieja news today, el propio presidente del Gobierno y hasta cuatro ministros han rechazado públicamente.
Aunque a puerta cerrada ni el presidente del Tribunal Supremo ni el fiscal general del Estado hicieron alusión a este asunto en sus respectivos discursos de apertura del año judicial, el enfado y la decepción con la Justicia es palpable, como se pudo comprobar en los corrillos tras la solemne ceremonia. desde el jueves. Pero también la incertidumbre sobre cómo se articulará esta ley, sobre cuya constitucionalidad se da por sentado que tarde o temprano tendrá que pronunciarse el TC, otro motivo de “preocupación” en determinados sectores judiciales, que temen que la mayoría progresista del órgano de garantía que preside Cándido Conde-Pumpido busque (e incluso fuerce) el encaje de la norma dentro de la Carta Magna en su calidad de máximo intérprete de la Constitución. “Todo lo que no esté explícitamente prohibido es posible, como si tuviéramos que decir que un tigre es vegetariano”, bromeaba un reconocido jurista en una charla informal con torrevieja news today.
Hasta aquí, futuros. No son, sin embargo, los dos actos que tendrán lugar esta semana en el propio TC y en el Tribunal Supremo y que pueden influir en el actual contexto de acercamiento entre el PSOE y el imputado Carles Puigdemont. Mientras en el emblemático edificio de Domenico Scarlatti se decidirá si se procede a la revisión de los votos nulos que permitirían al PSOE arañar un escaño para no tener que depender del “sí” de Junts a la investidura de Sánchez -su Bastaría con la abstención-, en el Palacio de las Salesas (TS) se revisará la decisión del Gobierno de indultar a los condenados por el ‘procés’. La primera de las designaciones está prevista a partir de hoy en el Tribunal Constitucional, aunque no se espera una decisión hasta al menos mañana.
Tras haber admitido a trámite el recurso del PSOE, la Sala Segunda del tribunal debe decidir ahora si lo considera, lo que supondría volver a hacer el recuento contra el Criterio mantenido por la Junta Electoral Provincial, la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, que rechazó esta opción por unanimidad. El asunto está rodeado de polémica, para empezar por la propia composición de la sala que debe tomar la decisión: la oradora es Laura Díez, profesora y ex alto cargo del propio Gobierno de Sánchez, que precisamente por formar parte de El Ejecutivo, que es quien se juega el escaño, parece que puede tener algún interés directo en la causa. “En su calidad de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Díez ha sido un alto cargo del PSOE, recurrente en amparo, dependiente directamente de Félix Bolaños”, elemento objetivo que induce a “miedo por su falta de imparcialidad”, argumentan los populares en el escrito en el que impugnan a la magistrada.
En él aluden a la erosión de la confianza de los ciudadanos en el TC y en los “principios de una sociedad democrática”. La propia ley insta a resolver este asunto al tratarse de un procedimiento electoral, de ahí que este incidente de recusación, del que será ponente el magistrado conservador César Tolosa, tenga que hacerse rápidamente para que, con o sin la presencia de Díez, ella – La Sala Segunda contaría con tres magistrados conservadores y dos progresistas en este segundo caso – una respuesta a la petición del PSOE, basada, según el PP, en especulaciones infundadas con las que pretenden reformar la ley electoral “por la puerta de atrás” ”Simplemente porque no están de acuerdo con el resultado.
El fiscal del TC tiene hasta el martes para pronunciarse. El hecho de que el representante del Ministerio Fiscal en el Tribunal Supremo se haya mostrado favorable a la revisión antes de la decisión de la Sala Tercera no vincula a la del Tribunal Constitucional, ya que su opinión será expresada una vez que se conozca la motivación de los magistrados del TS. conocido, quien consideró por unanimidad que “la mera diferencia numérica en los resultados que se alega en este caso (1.200 votos) no es base suficiente para revisar los votos nulos no reclamados (unos 30.000)”. “No se puede acceder preventivamente a una revisión de este tipo”, argumentaron los magistrados, basándose en la jurisprudencia y doctrina del propio TC.
La segunda cita es el jueves en el Tribunal Supremo, donde la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo comenzará a estudiar los primeros recursos contra los indultos que el Gobierno concedió en 2021 a los condenados por el ‘procés’ y que en un principio esta Mismo artículo, pero con diferente composición, rechazado al apreciar la falta de legitimación de los recurrentes. Los primeros recursos, que comenzaron a tramitarse hace más de un año, corresponden a Ciudadanos y Vox y afectan a los expresidentes de la ANC y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Está en manos de una Sala integrada por cinco magistrados revocar o no las medidas de gracia del gobierno que el hoy magistrado del TC Juan Carlos Campo, entonces titular de Justicia, llevó al Consejo de Ministros, y cuya motivación se cuestiona. En aquella ocasión, Pedro Sánchez apeló a razones de “utilidad pública” y a la necesidad de tender “puentes de concordia entre personas políticamente alejadas”. Se han tendido tantos puentes que hoy, dos años después, no cabe duda de que el Ejecutivo y quienes desafiaron el Estado de derecho están más unidos que nunca.