“Deseando que comienzo”, deca Eduardo Zaplana este jueves a las puertas de la Ciudad de la Rectitud de Valencia sobre el inicio del proceso contra l por el caso Erial. Aplazado hasta en dos ocasiones -la ltima por enfermedad de su abogado-, el proceso sienta por primera vez en el banquillo de los acusados al ex ministro del gobierno de Jos Mara Aznar y ex presidente de la Generalitat Valenciana. En el clima estn los posibles pactos pactos de la Fiscala con otros acusados.
Porque yuxtapuesto a Zaplana se sientan otros 14 acusados, incluido el tambin ex presidente de la Generalitat Jos Luis Olivas, por cobrar supuestamente comisiones ilegales por la adjudicacin de contratos pblicos cuando Zaplana estaba al frente del Consell. En concreto, los derivados de la privatizacin de la Inspeccin Tcnica de Vehculos (ITV) y del plan elico de la Comunidad Valenciana. Para el ex ministro del PP, cuya declaracin est prevista para el 9 de abril, la Fiscala Anticorrupcin pide 19 aos de crcel. Zaplana sigue manteniendo su inocencia y ha denunciado una “instruccin inquisitorial”.
El proceso ha arrancado con las cuestiones previas, por lo que el abogado de Zaplana, Daniel Campos, ha defendido que es la Audiencia Doméstico y no la de Valencia la “competente” para juzgarlo. “En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto enyesamiento de capitales”, ha dicho pues, segn ha defendido, tanto el enyesamiento de capitales como el cohecho -los delitos ms graves de los que se le acusa- se cometieron en el extranjero, en Luxemburgo o Andorra).
En su turno de rplica, el fiscal ha insistido en que la competencia de un determinado tribunal “no debe ser interpretada de forma restrictiva”, sino que “se ha de primar la territorialidad”, es aseverar, “dnde se ha cometido el delito”. En este sentido, el presidente del tribunal no ha aceptado la inhibicin planteada por la defensa de Zaplana -a la que se han adherido la mayora de defensas del resto de acusados- “porque el delito principal, el de cohecho, se comete en Valencia, y el resto de delitos accesorios son conexos”.
Siquiera ha conseguido la defensa de Zaplana que se anule el registro que dio origen en su da a la instruccin y permiti pertrechar el caso Erial. Fue el que se hizo en el despacho del abogado del autodenominado yonqui del cuartos, Marcos Benavent.
La pesadilla jurídico para Zaplana lleg tras su detencin en mayo de 2018. El poltico que hasta entonces pareca intocable en la Comunidad Valenciana pas, sin bloqueo, nueve meses en prisin provisional. Durante ese tiempo, se sucedieron las solicitudes para su puesta en arbitrio por la leucemia que padeca, si correctamente la jueza que instrua el caso no lo puso en arbitrio hasta febrero de 2019, una vez se hubo bloqueado 6,3 millones de euros en Suiza que la Fiscala le atribuye y del que Zaplana se desvincula.
En todo caso, a Zaplana se le acusa de ocultar una fortuna en el extranjero, cuyo origen estara en el cobro de sobornos que su crculo de confianza ayud a ocultar. Adems de Zaplana y Olivas, en el banquillo de los acusados se sentarn su amigo y supuesto testaferro, Joaqun Barcel; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; la que fuera secretaria del ex ministro, Mitsouko Florida Henrquez, y su ex principal de gobierno, Juan Francisco Garca; o los empresarios Vicente y Jos Cotino, beneficiarios supuestamente de la adjudicacin de contratos pblicos.
Segn la Fiscala, Zaplana no solo se concertaba con los empresarios, sino que se habra reputado de la colaboracin de sus amigos ntimos, “a los que hizo partcipes de los beneficios obtenidos”. Fue as como habra conseguido borrar el pista de su nombre en sociedades de Luxemburgo o Panam y en cuentas bancarias de Andorra y Suiza. La memoria de la Fiscala apunta a que el ex ministro quiso principiar a repatriar todo ese cuartos cuando dej la poltica activa en 2008.
El principal testimonio de la Fiscala -a pesar de que se autoincrimin por el enyesamiento de cuartos negro- es hoy el abogado uruguayo Fernando Belhot, cuyos servicios habra contratado Zaplana para ocultar el cuartos en el extranjero. Est previsto que Belhot declare por videoconferencia a partir del 24 de abril, aunque tambin estn citados como testigos
Anticorrupcin calcula que la fortuna que logr atesorar durante aos la trama asciende a 20,6 millones de euros. Los 15 acusados sern juzgados por los delitos de prevaricacin, falsedad documental, cohecho, organizacin criminal y enyesamiento de capitales.