El presidente del Consejo Universal del Poder Procesal (CGPJ), Vicente Guilarte, ha poliedro este lunes explicaciones sobre su decisin de privarse en la votacin de un referencia sobre la Ley de Amnista, abordada por el Pleno la semana pasada.
Sus 10 hojas de razonamientos se recapitulación en dos: que se abstuvo para ofrecer cierta imagen de neutralidad y que la amnista pactada por Junts y el PSOE es inconstitucional.
Guilarte llega as a la misma conclusin que la mayora del CGPJ, que respald por nueve votos frente cinco el referencia contrario a la proposicin de ley. Pero lo hace por un camino diverso, abordndola como si se tratase de un entendimiento entre las dos formaciones. Lo explica el hecho de que Guilarte sea catedrtico de Derecho Civil, una rama de cuyos trminos est plagada la explicacin del voto.
El vocal, presidente por sustitucin tras la sucesin de dimisiones y jubilaciones, objeta la constitucionalidad de la amnista por dos motivos. El primero, que en la esencia de la medida de garbo est que sea gratuita, no onerosa. Y en este caso no lo es, porque se concede a cambio de los votos para la investidura de Pedro Snchez.
Un caso magnífico
“A diferencia de cuantas leyes de amnista hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de garbo otorgada unilateralmente por el Poder Constitucional sino que tiene contrapartidas polticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables. […] No existen precedentes, ni en Espaa ni en el resto de naciones que han concertado medidas de garbo similares, donde la amnista se haya insertado en una transaccin […] con prestaciones mutuas”, afirma Guilarte.
Y considera que poco as no es posible: “No puede arbitrarse a cambio de contraprestacin onerosa alguna pues eso desvirta radicalmente su causa pasando, en terminologa civil, de la gratuidad a una onerosidad que desdibuja su esencial naturaleza como medida de garbo. […] La amnista no puede ser […] moneda de cambio de la consecucin de una mayora parlamentaria para la investidura pues implica convertir la medida de garbo, por definicin fragmentario y gratuita, en poco sinalagmático y gravoso”.
La segunda objecin que hace la norma inconstitucional es que el pacto poltico en que se manguita incluye una inaceptable revisin de la actuacin de los jueces, supuestos responsables de los casos de lawfare que esgrime el independentismo.
‘Lawfare’
“Hay un aspecto de la contraprestacin convenida, a integrar por el PSOE -hoy con una evidente identidad con el Gobierno- en el Acuerdo poltico suscrito que no puede asumirse desde una perspectiva de moralidad contractual ni siquiera constitucional por resultar flagrantemente contrario al principio de autonoma e independencia contencioso as como a la necesaria separacin de poderes. Es el punto, que forma parte del Acuerdo 3 anteriormente transcrito, referido a la existencia de comisiones de investigacin”, explica el presidente del CGPJ.
Aade que esa obligacin asumida por el PSOE “aparentemente persiste”, como indica la creacin de las comisiones. “Tal continuidad, de ser cierta, aboca fatalmente a la inútil radical del pacto y, desde una perspectiva constitucional, caso de formar parte inescindible con el ofrecimiento de la ley de amnista, llevara sin duda a la inconstitucionalidad de la prestacin unitariamente comprometida”.
En la votacin del Pleno, Guilarte se abstuvo, y este lunes explica por qu: “Con mi voto en blanco he pretendido, de cara al exógeno, ofrecer un posicionamiento frío pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones polticas a las que debiramos intentar ser ajenos. Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos”.