En su escrito, el agente solicita su identificación y que se le imponga una orden de alejamiento.
Un policía nacional acusado del referéndum ilegal celebrado en Cataluña El 1 de octubre de 2017 denunció el beso no consentido que le dio uno de los manifestantes en Barcelona, considerándolo un delito contra la libertad sexual.
Así se recoge en la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, presentada este lunes ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona en la que se conserva el dinero en efectivo del Unidad de Intervención Policial (UIP), la policía antidisturbios, informa que un desconocido de unos 60 años le besó en la boca de forma “sorpresa, inesperada, repentina y no consentida”.
Según el denunciante, que acompaña su testimonio con un vídeo del canal Qatar Al JazeeraLos hechos se produjeron en un ambiente de “extrema violencia ambiental” en el que la mujer buscaba, “además del estado de ánimo libidinoso”, desencadenar “una situación de violencia generalizada” ante la reacción del agente, que, sin embargo, fue de ” asco.” y “contención”.
El texto de la denuncia explica que en el momento del beso, las urnas electorales ubicadas en los servicios centrales del Departamento de Educación de Cataluña, en el Vía Augusta en Barcelona.
Mientras procedían a evacuar el centro, los policías antidisturbios sufrieron “gritos, insultos, agresiones y humillaciones”, afirma la denuncia.
En el vídeo adjunto como prueba se puede ver a una mujer agarrando al agente por la parte inferior del casco y besándolo en la boca. En su carta, la policía solicita su identificación y que se le imponga una orden de alejamiento.
El denunciante es uno de los 45 agentes que participaron en las Unidades de Intervención Policial el 1 de octubre de 2017 y que están siendo investigados por su actuación para impedir el referéndum ilegal, fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) cuyo despacho jurídico asiste al agente.
El policía interpuso la denuncia casi seis años después de los hechos porque hasta ahora no había podido localizar el vídeo para adjuntarlo como prueba documental, según las mismas fuentes.
“Como se puede ver (en el vídeo), no hay consentimiento y (…) el principio de autoridad está completamente diluido”, alegan desde el sindicato, que considera el acto un caso de abuso sexual, ya que es previo. a la reforma del Código Penal lo que viene a equiparar abuso y agresión.
Las fuentes citadas se oponen a una hipotética amnistía para los procesados por el proceso y, en cualquier caso, piden que no se les compare con los independentistas.
“No estamos al mismo nivel. Esas personas fueron condenadas por haber cometido un delito y en nuestro caso todavía no: es decisión de un juez único que ha decidido imputar a 45 compañeros”, defienden.