Comunidad Valenciana, Castilla y Arrojado y Aragón están en el punto de mira del Gobierno de España. En su ataque contra los ejecutivos autonómicos de PP y Vox, el Empleo de Política Territorial anuncia una primera batalla contra las normas sobre “concordia” con las que la derecha pretende derogar las diferentes leyes de memoria democrática. Y, aunque con matices, lo cierto es que las tres iniciativas autonómicas guardan paralelismos y similitudes.
MOTIVACIÓN
La primera tiene que ver con la motivación. En los tres casos se justifican las nuevas regulaciones para enmendar el “relato partidista” y la “visión ideologizada de la historia” que, a litigio de PP y Vox, se impuso con la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022.
En este sentido, el concepto de concordia pasa a sustituir al de memoria, con el argumento de que no hay que distinguir entre víctimas de uno y otro mandato para no gestar “división” en la sociedad. La ley del Gobierno de Pedro Sánchez, así como las normativas autonómicas que impulsaron los respectivos ejecutivos de izquierdas, inciden en la reparación y inspección de las víctimas de la Disputa Civil y la dictadura franquista.
“CONCORDIA”
En el caso de la Comunidad Valenciana y de Castilla y Arrojado, los socios de gobierno han registrado sendas proposiciones de ley en los parlamentos autonómicos. La iniciativa no parte así formalmente del Ejecutor sino de los grupos parlamentarios, lo que suele permitir una tramitación más rápida y con menos informes jurídicos. Las nuevas normas no solo han coincidido en la época de presentación -apenas unos días de diferencia entre una y otra-, sino que su título es calcado: “Proposición de ley de Concordia”.
Si la valenciana deroga la Ley de Memoria Democrática de 2017 de PSOE y Compromís, la castellanoleonesa hace lo propio con el Decreto de Memoria Histórica y Democrática de 2018 que impulsó el propio PP (sin Vox, eso sí). En Aragón, el Gobierno del popular Jorge Azcón acaba asimismo de derogar la Ley autonómica de Memoria Democrática que se aprobó con el precursor ejecutante del socialista Javier Lambán. En su empleo, se propone el Plan de concordia democrática, reconciliación, regalo y inspección de las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.
VÍCTIMAS
El inspección de “todas las víctimas”, de hecho, es el hilo argumental que sirve a las tres normas de PP y Vox. Esto lleva en la Comunidad Valenciana y Aragón a incluir a las víctimas del terrorismo, por lo que el periodo histórico que se contempla llega “hasta nuestros días”, según recoge el texto valenciano. Pero lo que esto permite en la habilidad es incluir encima la remisión expresa a las “víctimas de la Segunda República” en las leyes de concordia, poco que no hacían las de memoria democrática.
Según el Empleo, esto no es otra cosa que pretender “igualar los abriles democráticos de la Segunda República con la dictadura posterior a la Disputa Civil y sus consecuencias”. En Aragón, por ejemplo, para derogar la precursor norma se apeló a que hacía una “idealización extrema de la Segunda República”, con lo que “olvidaba y excluía” este periodo de su ámbito de aplicación.
En esta diámetro, la futura ley valenciana hace remisión igualmente en su exposición de motivos a la “convulsa Segunda República”, para ampliar a continuación el concepto de víctima al que se refiere la norma estatal. Así, su primer artículo sirve para distinguir “el mismo régimen de protección y inspección a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo que a las víctimas a las que hace remisión la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”. Vox llegó a sostener que estarían incluidas hasta las “víctimas de la violencia del Frente Popular“.
DESDE 1931
Aunque el texto de Castilla y Arrojado extiende su aplicación hasta 1978 y no “hasta nuestros días” como Comunidad Valenciana y Aragón -para argumentar la inclusión de las víctimas de terrorismo-, hay coincidencia asimismo en la época de comienzo: el año 1931.
El PP valenciano argumenta que asimismo la norma autonómica de la izquierda alpargata hasta 1931. Ahora correctamente, el Consell de Ximo Puig lo hizo para concretar el gravedad de la “memoria democrática valenciana”, entendida como “la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha de los valencianos y valencianas por sus derechos y libertades democráticas”.
Por el contrario, la proposición de ley de PP y Vox se remonta a 1931 para distinguir “a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa”. Es sostener, desde la proclamación de la Segunda República, a la que se tilda de “catástrofe” comparable a la de la Disputa Civil, la dictadura franquista y “el azote del terrorismo etarra e islámico”. La norma de Castilla y Arrojado ni siquiera hace remisión expresa a la dictadura franquista, cuya condena no se explicita.
“La Disputa Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de abriles anteriores”, se afirma en el preámbulo de la ley valenciana, que insiste encima en que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República la Disputa Civil y el franquismo”. En definitiva, “postulados revisionistas” en opinión del Empleo que colisionan directamente con la ley estatal.
EXHUMACIONES
Con la derogación de la precursor norma aragonesa, se eliminan el carta de fosas, el inventario de lugares de memoria o las subvenciones públicas. De ahí que el Empleo haya asegurado ya que garantizará las exhumaciones en aplicación de la ley estatal.
Tanto la norma valenciana como la de Castilla y Arrojado mantienen las exhumaciones. En el primer caso, todo procedimiento de memoria democrática iniciado ya decaerá, “a excepción de los procesos de actualización”. Por otra parte, se reconoce como derecho de las víctimas la posición, actualización e identificación de los desaparecidos. Asimismo se recoge en el texto de Castilla y Arrojado que, sin retención, excluye a las asociaciones memorialistas de la comisión de exhumaciones.