Será en el presente periodo de sesiones. Las Cortes regionales aprobarán la Ley de Integridad de Castilla-La Mancha, cuyo esquema de ley fue apto ayer por el Consejo de Gobierno y será remitido en breve a la Cámara regional para su tramitación parlamentaria y aprobación «con el mayor consenso posible». De ello ha informado este martes el vicepresidente de la Trabazón, José Luis Martínez Canto, quien ha dicho que «Castilla-La Mancha ha sido, desde su origen, una comunidad autónoma pionera en materia de transparencia en la trámite pública». Con esta nueva ley, se cierra el entramado legal para asegurar la honestidad en la trámite pública, la transparencia de la trámite, y el buen gobierno y la décimo de los ciudadanos en la toma de decisiones en los asuntos que son de su interés.
En la primera lapso se aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la segunda, a Ley de Décimo Ciudadana y, en esta tercera, se aprobará la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha. Una de las novedades de la ley es la definición de una guisa más clara del ámbito de aplicación subjetiva de las obligaciones que pone el texto, es afirmar, una definición más clara de qué se entiende por parada cargo.
Entre ellos están los componentes del Consejo de Gobierno, de todos los órganos directivos de amparo y de apoyo, viceconsejerías, direcciones generales de la estructura del Gobierno regional, todas las personas que, o acertadamente son presidentes, directores generales, directores gerentes, de cualquier organismo manifiesto que forma parte del sector manifiesto regional, acertadamente sea un organismo autónomo, una entidad pública, una empresa pública o una fundación. Esta ley además afectará a todas aquellas personas que tengan un pacto de inscripción dirección o que sean personal directivo en aplicación de la Ley de Función Pública de Castilla-La Mancha.
La Ley otorgará funciones de control y vigilancia a la Oficina de Integridad -ya existente- y establecerá nuevas obligaciones a los altos cargos como la de presentar en el momento de la toma de posesión una Afirmación responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación monopolio a la trámite pública. Esta manifiesto se unirá a la de Actividades, Beneficios y Rentas, que se viene ya realizando, teniendo la Oficina de Integridad la función de comprobar la verdad de la mismas.
En el caso de que se encuentre alguna incompatibilidad, hay un plazo de un mes de que se toma posesión para resolverla. En el caso de no resolverse esa incompatibilidad, esa persona debería desentenderse el cargo manifiesto. Adicionalmente, se crean dos registros, el registro de actividades y el registro de posesiones y derechos de los cargos públicos. «En nuestra comunidad autónoma el patrimonio de los cargos públicos es conocido porque se publica en el Diario Oficial todos los primaveras con esas declaraciones de posesiones», ha recordado Martínez Canto.
Los altos cargos de la región estarán obligados a inhibirse en las tomas de decisiones que puedan cuidar a empresas o entidades privadas en las que pueda activo un conflicto de intereses, por estar involucrados en las mismas familiares o personas que puedan condicionar la toma de audacia, estando obligados a comunicar la privación a la Oficina de Integridad para que conste en el Registro de Actividades que crea ley y que gestiona la Oficina.
Adicionalmente, tras cada convocatoria de elecciones, todos los miembros del Gobierno regional deberán hacer una manifiesto específica sobre su situación patrimonial en ese momento en presencia de la Oficina de Integridad, que evaluará la información y emitirá un crónica que refleje las diferencias observadas entre la situación patrimonial en el momento del nominación y el momento de la convocatoria, así como la congruencia entre ambas situaciones, crónica que será publicado en el Portal de Transparencia. Esta manifiesto además podrán realizarla de forma voluntaria el conjunto de altos cargos de la Agencia regional.
Igualmente, los altos cargos estarán obligados, tras el cese, a decidir en presencia de la Oficina de Integridad el desempeño de actividades privadas que quieran desarrollar para que pueda comprobarse que no realizarán, en un plazo de dos primaveras, actividades para empresas en las que hayan tenido una intervención en expedientes de subvención o contrataciones, con el fin de evitar las llamadas puertas giratorias.