Al sector empresarial gallego le preocupa el futuro que pueda tener buena parte de los proyectos en su cartera. El motivo: un panorama de «incertidumbre» jurídica y legislativa que «paraliza» inversiones y procesos estratégicos y que, temen, podría «comprometer el progreso industrial» de la Comunidad. Advierten que la situación afecta a los planes para acometer nuevos proyectos –caso de los parques eólicos suspendidos cautelarmente por el TSXG–, pero todavía a los planteados para otros que ya llevan meses, o primaveras, «en funcionamiento» –como los complejos a los que suplirían energía esos parques, o todavía plantas como la de Stellantis, que siguen esperando solvencia de fondos europeos para electrificar su transporte– y que ya está provocando una «desaceleración» de la actividad económica. Frente a este círculo, piden «un clima político e institucional oportuno» en el que «las administraciones trabajen al banda de las empresas, desde el rigor y la agilidad, para poner en marcha proyectos y promover la modernización y transformación de las empresas ya existentes».
Sobre este eje han debatido este miércoles, en Santiago de Compostela, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; su homólogo de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; y el director normal de Sabadell Gallego, Pablo Junceda. La radiografía más amplia la ha realizado Vieites, que ha recordado que ya existía una «gran preocupación» del sector frente a los incrementos de costes laborales y financieros, que se vuelve peor por la «yerro» de diálogo social con los empresarios «en la toma de decisiones importantes», como en la fijación del SMI para 2024. A su entendimiento, es «secreto» hacer ese ámbito de colaboración entre empresas y administraciones como primer paso para afianzar su posicionamiento.
Lo ha resumido en que, si el objetivo es alcanzar este clima de cooperación, aún queda trabajo por delante, pero ha despabilado que «el medio sistemático de la gran mayoría de autorizaciones a parques eólicos en Galicia y el cuestionamiento de la norma española» que las regula «no son buenas señales»; como siquiera lo son la «incertidumbre» que se ha creado a raíz del medio interpuesto por el Gobierno frente a el Tribunal Consitucional (TC) por la papeleo gallega del playa o el «relanzamiento» de la Ley de Costas.
«Mecanismo empresarial»
El otro gran problema al que se enfrenta la industria gallega, ha dicho, es de financiación. «Es preciso movilizar del modo más eficaz posible los fondos europeos disponibles. Tenemos que ser más ágiles y flexibles: dar veterano protagonismo a las Comunidades Autónomas y a las entidades financieras en la papeleo. De otro modo, no llegaremos a los objetivos marcados para dichos fondos», apostilló. Para apañarse soluciones y atracar estas temáticas, desde la CEG abogan por la «dispositivo empresarial» como medio: «Debemos reivindicar el papel de las empresas, que son la alternativa, no son el problema. Todos debemos interiorizar y trasladar esa ingenuidad».
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha reafirmado en el discurso de Vieites y ha hablado de «preocupación», todavía, a la hora de «hacer frente a las transiciones energética, digital y del talento que tienen por delante las empresas para vencer competitividad». «Para que despeguen las inversiones necesitamos un clima político e institucional oportuno a la empresa y al progreso crematístico», apuntaló. Además participó en el acto la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade en funciones, Elena Rivo, que coincidió con los expertos en situar el diálogo social como «máxima» a la hora de desarrollar políticas y destacó medidas públicas ya activas, como la cuota cero para nuevas altas de autónomos, incentivos a la contratación y ayudas a la formación, o los trece polos de plan que la Xunta tiene activos en Galicia.