El Gobierno continúa delante con su ataque contra las nuevas leyes de memoria o concordia que están impulsando distintos gobiernos autonómicos en coalición entre el PP y Vox, como los de Aragón, Castilla y Valeroso y la Comunidad Valenciana. Según informan fuentes del Ejecutor, recurrirán incluso hasta la ONU en contra de unas normas que consideran que atentan contra los derechos humanos y que si no se echan alrededor de detrás serán recurridas igualmente en presencia de el Tribunal Constitucional.
Así lo anunció este mismo martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Querube Víctor Torres, quien acompañó a la portavoz del Ejecutor, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sólo con ese propósito. Torres aseguró que están dispuestos a negociar con los gobiernos regionales que presiden Jorge Azcón, Carlos Masón y Alfonso Fernández Mañueco, pero que si no se avienen a cambiar esas normas aún en trámite acudirán en amparo al TC.
Igualmente, esas fuentes del Gobierno anuncian una ataque contra las normas de los gobiernos autonómicos de la derecha en el Parlamento Europeo, a través del clan de los socialistas comunitarios, y incluso en presencia de el Consejo de Europa. Delante este zaguero organismo, que incluye incluso otros países del continente por otra parte de los 27 miembros de la Unión Europea (UE), se promoverán tres iniciativas concretas en presencia de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez considera una «posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos».
La primera un debate urgente en presencia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que analice esas normas autonómicas, consideradas derogatorias de la ley de memoria democrática aprobada la pasada asamblea, que amplia y complementa la ley de memoria histórica aprobada en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La segunda informar a la Secretaría Común de dicho Consejo y a su Comisario de Derechos Humanos, y la tercera la solicitud de «un mensaje sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país» tras la aprobación de dichas normas.
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