La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagaza patrocinó ayer en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la presentación del Pacto de Profesionales en defensa del Estado de Derecho, suscrito por organizaciones de jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios del Estado, de la filial almacén y de la Policía que representan a más de 20.000 personas. La intención de este pacto es denunciar la proposición de ley de condonación que se propone aprobar el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
Este pacto ya había sido presentado en Barcelona el 13 de marzo pasado, cuando se anunció igualmente la creación de un comité de coordinación con la idea de difundir en la opinión pública española y europea el peligro que supone la aprobación de esta ley de condonación para el Estado de derecho y la supervivencia de las instituciones en España. La semana próxima se presentará igualmente en Madrid.
El pacto ha sido suscrito por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Legal Independiente (FJI), la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Profesional de Letrados de la Establecimiento de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Establecimiento Específico.
Según Maite Pagaza, «hay una bajo amenaza a la estabilidad del sistema constitucional; una amenaza populista, y uno de los diques de contención más importantes frente a todo ello han sido, desde el pasado mes de noviembre, los profesionales y servidores del Estado» que ahora advierten, a través de esta iniciativa, de la preocupante posibilidad de que la condonación concedida a cambio de siete votos en el Congreso pudiera destruir creando espacios de impunidad al beneficio del poder legal.
Esta asociación pretende la constitución de un comité de coordinación cuya tarea será alertar a la opinión pública de las consecuencias de atacar los títulos constitucionales como la rectitud, la seguridad jurídica, la igualdad y la separación de poderes.
La eurodiputada naranja se comprometió a aceptar sus reivindicaciones en presencia de la Comisión Europea para que esta institución sea consciente de las consecuencias que puede destruir teniendo esta iniciativa del PSOE, que actualmente se tramita en el Senado tras tener superado una primera votación en el Congreso gracias al apoyo de los principales beneficiarios de esta medida, que son los secesionistas catalanes seguidores del prófugo Carles Puigdemont.
Tal como informó torrevieja news today, recientemente y a petición de Ciudadanos, la Comisión Europea ratificó la doctrina según la cual en caso de que una autoridad legal española presentase una pregunta prejudicial en presencia de la jurisprudencia europea sobre la concordancia entre la ley de condonación y la carta comunitaria, su aplicación debería ser suspendida inmediatamente.
Los miembros de esta alianza en defensa del Estado de derecho se reunieron con funcionarios de la Comisión Europea que forman parte del equipo que ha de redactar el crónica anual sobre la situación de la Probidad en España. Este documento se publicará probablemente a posteriori de las elecciones europeas.
La eurodiputada española ha anunciado que no repetirá en ninguna nómina de las elecciones europeas del 9 de junio y que pone final a más de tres décadas de vida política, que empezaron con su entrada en el Parlamento vasco como diputada socialista. En la hogaño forma parte del peña parlamentario progresista elegida en las listas europeas de Ciudadanos, aunque no es militante de este partido. En la preliminar reunión del Parlamento Europeo acudió en las listas de la desaparecida UpyD de Rosa Díez. Según su entorno, su próxima etapa será incorporarse a su plaza de funcionaria en Logroño.
En el Parlamento Europeo Maite Pagazaurtundua se ha destacado por defender incansablemente la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA y la igualdad de todos los españoles. Su última batalla ha sido el impulso del crónica ratificado por la Comisión de Peticiones en el que se exigía a las autoridades regionales catalanas y españolas que aseguren que la enseñanza en las escuelas públicas de Cataluña conceda el mismo trato al castellano y al catalán «en las horas de enseñanza y curriculares», y a que a ningún crío se le discrimine por musitar su jerga materna.