Según la comunicación, la OPA se dirige al 100% del haber de Talgo por un valía total de 619,3 millones de euros, a un precio de 5 euros por entusiasmo, en los mismos términos que ya anunció el orden el pasado 7 de marzo. En principio, el Gobierno no ve con buenos fanales esta operación porque entiende que Talgo es un cirujano importante y juega un papel fundamental en el transporte ferroviario.
El pasado 22 de marzo el orden húngaro solicitó al Gobierno la autorización del Consejo de Ministros a esta entrada de haber extranjero, pero el Ejecutante todavía no se ha pronunciado, según explica la documentación presentada. Siquiera el Servicio de Pertenencias ha hecho comentarios.
Según el consorcio húngaro, la operación pretende alentar la capacidad industrial de Talgo y abrirle mercados estratégicos y en crecimiento en Europa.
Mantendrá la sede en España
La compañía húngara se compromete a proseguir en España su sede, la capacidad de fabricación, la actividad y el empleo, así como la marca y la relación comercial estratégica con Renfe. El orden resultante tendrá una facturación superior a 700 millones de euros y una plantilla total de 5.500 empleados, con operaciones en Europa, Estados Unidos, el finalidad de África y Oriente Medio.
Una vez anunciada la OPA, Magyar Vagon debe presentar ahora en siete días los avales bancarios pertinentes para asegurar los 619,3 millones de la operación, como establece la Ley del Mercado de Títulos. Tras aceptar la proposición, la Comisión Franquista del Mercado de títulos (CNMV) dispone de siete días hábiles para admitirla a trámite, aunque este plazo se puede ampliar si solicita información adicional.
Seguidamente, tiene vigésimo días hábiles para analizar la operación, aunque si le requiere nueva información el contador se vuelve a poner a cero y comienza de nuevo ese plazo de 20 días. No obstante, el Consejo de la CNMV no analizará la proposición hasta que no haya sido aprobada por el Consejo de Ministros.
El Gobierno se pronunciará una vez recibido el referencia preceptivo, aunque no vinculante, de la Reunión de Inversiones Exteriores (JINVEX), un entraña en el que participan diversos ministerios pilotado por la Secretaría de Estado de Comercio, que dispone de tres meses para su evaluación.
El control de inversiones exteriores se ampara en una publicación de la Comisión Europea, de abril de 2022, con orientaciones a los Estados miembros para asegurar una viejo vigilancia de las entradas de fondos procedentes de Rusia y Bielorrusia. En este contexto, España aprobó en julio de 2023 un efectivo decreto de inversiones extranjeras, con un crecimiento posterior en una orden ministerial, de enero de este año.
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