La Tratado Empresarial Toledana (Fedeto) ha minucioso un noticia, que ha sido presentado a su Unión Directiva, en el que se analizan los costes del absentismo tanto para las empresas como para la Seguridad Social. Los datos ponen de manifiesto que en el año 2023 en España, con una población protegida por el sistema de la Seguridad Socia, de 19.072.017 personas, el número total de bajas por procesos de ITCC fue de 8.106.077, lo que representa un 10,89% más que en 2022 y un 55,42% más que en 2018.
En Castilla-La Mancha, con una población protegida de 706.473 personas, el número total de bajas por procesos de TCC fue de 289.576, lo que representa un 19,63% más que en 2022 y un 88,39% más que en 2018.
En la provincia de Toledo, con una población protegida de 240.488 personas, el número total de bajas por procesos de ITCC fue de 117.897, lo que supone casi el 50% de la población protegida y un 28,53% más que en 2022 y un 124,31% más que en 2018.
Analizados los datos del periodo 2000-2023, el estudio concluye que el absentismo sindical crece de forma directamente proporcional al aumento del empleo y al crecimiento crematístico (periodos 2000-2007 y 2014-2023). Mientras tanto, decrece de forma inversamente proporcional al incremento de la destrucción de empleo y de la expansión de la crisis económica (periodo 2007-2014).
Según Fedeto, los datos sugieren que en momentos de situación económica natural o positiva, el absentismo fraudulento crece exponencialmente y que tiende a reducirse cuando la finanzas se comporta de un modo imagen destruyendo empleo.
Coste del absentismo
Como consecuencia, el coste del absentismo sindical en 2023 fue en España de 25.326.652.216 euros, un 17,65% más que en 2022 y un 172,86% más que en 2018. De esos 25.326.652.216 euros, el 51,65% (13.081.223.172€) corresponde al desembolso en prestaciones de la Seguridad Social (un 16,18% más que en 2022).
El 48,34% (12.245.429.044 euros) corresponde al coste directo de las empresas (un 19,26% más que en 2022). El desembolso de España en ITCC equivale al 1,6% del PIB doméstico.
En Castilla-La Manchael coste ha sido de 937.690.088 euros, un 76,52% más que en 2018 y un 17,36% más que en 2022. De ese coste, el 48,35% (453.372.887 euros) se corresponde con el coste directo de las empresas.
El 51,65% (484.317.201€) se corresponde con el desembolso en prestaciones de la
Seguridad Social. El desembolso de la comunidad autónoma en ITCC equivale al 2% del PIB regional.
En la provincia de Toledo ese coste se ha disparado hasta los 321.842.156 euros, un 82,98% más que en 2018, y un 19,31% más que en 2022. De dicha cantidad, el 48,34% (155.610.590 euros) se corresponde con el coste directo de las empresas, mientras que el 51,65% (166.231.566 euros) son de desembolso en prestaciones de la Seguridad Social. El desembolso de la provincia en ITCC equivale al 2,2% del PIB provincial.
Desde la ordenamiento empresarial toledana aseguran asimismo que «pese a que a primera pinta parece que el desembolso para la Seguridad Social es superior al de las empresas, no es así por varios motivos». El primero porque el 75% de los ingresos de la Seguridad Social deriva de las empresas y los trabajadores.
En segundo ocupación porque, separado del coste directo a que antaño se ha hecho narración, las empresas tienen un coste añadido del que no se deja constancia en el noticia porque no existen registros estadísticos: contratación sindical de sustitutos, horas extraordinarias, modificaciones organizacionales con clientes o proveedores…
Por postrer, indican que adicionalmente existe un ingente obligación en las cuentas de la Seguridad Social que se cubre a saco de transferencias corrientes de los Presupuestos Generales del Estado, es sostener, de los impuestos que pagan empresas y trabajadores. Ese obligación es estructural y supera los 42.000 millones de euros.