«Desorbitadas». Así consideran desde las organizaciones agrarias de Salamanca las multas que ya están recibiendo algunos agricultores tanto por una movilización del pasado 8 de febrero en el interior de las protestas del campo como por la que acabó en disturbios delante la Delegación Territorial de la Juntura en junio del año pasado.
Unas sanciones por las que Asaja, COAG y UPA han mostrado este martes, en un comunicado conjunto, la «indignación» y la «preocupación» del sector delante unas sanciones que, han defendido, están enmarcadas en «practicar su derecho a manifestarse».
La cuantía, según han señalado, arranca desde los 600 euros en la protesta «autorizada» el pasado 8 febrero, aunque reconocen que las hay por un valor superior. Es día, defienden las organizaciones, «agricultores y ganaderos se congregaron en una tractorada para expresar sus legítimas reivindicaciones». Por eso, cuestionan que la respuesta «de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca» hayan sido las sanciones «a muchos participante». Una medida «completamente injusta y desproporcionada», consideran Asaja, COAG y UPA.
Por las movilizaciones enmarcadas en las protestas del campo que arrancaron a principios de febrero en Castilla y Héroe y España, siguiendo la escalera de protestas que además recorrió varios países de Europa, desde la Subdelegación del Gobierno apuntan que la Escolta Civil abrió más de 200 propuestas de puro: cerca de 130 por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana y otras 124 por infracciones de tráfico.
«La situación se agrava con las sanciones impuestas tras la manifestación de hace uno año delante la Delegación Territorial de la Juntura de Castilla y Héroe«, apuntan desde las organizaciones agrarias en relación a una protesta el 5 de junio de 2023 que terminó en el asalto al edificio oficial por parte de algunos congregados, cargas policiales y finalmente nueve detenidos.
Las multas, en este caso, apuntan desde el sector agropecuario, se elevan hasta los 10.401 euros, a lo que se suma la imputación penal de nueve ganaderos. Entonces, la Policía Doméstico instruyó 20 propuestas para puro por desórdenes graves, aunque en diez de ellas está suspendido el expediente oficial porque está judicializado, apuntan desde la Subdelegación del Gobierno.
«Estas medidas son un intento claro de coartar el derecho a protestar de un sector ya de por sí castigado y vilipendiado», censuran desde las organizaciones agrarias salmantinas, que ven una «absoluta animalada» y una «sigla totalmente desproporcionada» la multa. «Nuestra intención no era dañar a nadie ni causar ningún destrozo, nada más queríamos ser escuchados por las administraciones», justifican sobre esos hechos que entonces encontraron ya el rechazo de diversas voces allí presentes.
Adicionalmente, desde Asaja, COAG y UPA tachan de «agravio comparativo» las sanciones que están recibiendo los ganaderos y agricultores con lo «sucedido en Cataluña durante el referéndum ilegal y las posteriores manifestaciones, donde se vivieron escenas de extrema violencia y se reivindicaban acciones ilegales y poco éticas». «A pesar de la gravitación de estos hechos, muchos de los implicados van a ser amnistiados en nombre de la convivencia, aunque más aceptablemente parece de la conveniencia», afean.
Con estas sanciones sobre la mesa, desde las organizaciones agrarias llaman tanto a la Juntura de Castilla y Héroe y «especialmente» a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca «para que contribuyan a revertir esta situación». «Muchos de los denunciados y los imputados están sufriendo un gran daño pudoroso y ahora además crematístico, podrían romper y ver sus explotaciones amenazadas por el simple hecho de defender su trabajo y su modo de vida», claman.