Los Mossos desarticulan una organización dedicada a desalojos ilícitos de inquilinos


Se anunciaban como un servicio de mediación para desocupar inmuebles, ofreciendo pactos a los inquilinos para que dejaran los pisos voluntariamente. Pero, al final, acosaban, extorsionaban y actuaban con violencia contra los inquilinos a los que visitaban y amenazaban, telefoneaban a horas intempestivas o incluso les cortaban los suministros o dañaban la vivienda.

Así actuaba en ingenuidad la empresa Antiokupa Tarraco, según detalla el automóvil de ingreso en prisión de dos de las 16 personas detenidas, de entre 27 y 59 primaveras, acusadas de los delitos de lesiones, violación de domicilio, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, amenazas y delitos contra la integridad pudoroso en el control de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Violaciones de domicilio y robos

Durante los ocho meses que duró la investigación, los Mossos d’Esquadra constataron cómo los sospechosos llegaron incluso a presentar denuncias falsas en organismos públicos, realizaron violaciones de domicilio y robos en las casas. Incluso provocaron lesiones graves a los inquilinos en presencia de menores.

La red se presentaba como una empresa justo de mediación, amparada por un despacho de abogados cuyo titular era socio de la empresa investigada. Atendían problemas de propietarios con ocupas, pero igualmente expulsaban a inquilinos con contratos de arriendo vigentes. ¿El precio? 3.500 más IVA en Tarragona y a partir de 4.000 si tenían que correr.

Odio y discriminación

Los Mossos sostienen que los detenidos actuaban en algunos casos movidos por el odio y la discriminación por motivo de etnia y que eran especialmente violentos con personas de determinados orígenes.

Iniciaron la investigación al constatar un incremento de desocupaciones extrajudiciales relacionadas con una empresa enormemente jerarquizada que, para conseguir expulsar a los ocupas o inquilinos, vulneraba los derechos de estos.

Arrebatarón la hija de los brazos de su origen

En uno de los casos, según se constató en la investigación, miembros del peña criminal arrebataron de los brazos de una origen a su hija último para obligarla a seguirlos, abandonando con ello la vivienda, lo que aprovecharon para entrar y desalojar a la mujer.

La actividad de la pandilla generaba ansiedad y desprotección en las víctimas, algunas de las cuales necesitaron atención psicológica.


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