El presidente de Aragón, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), está perplejo delante el procedimiento presentado por el Gobierno contra la intrepidez de las Cortes de Aragón de derogar la Ley de memoria que impulsó el socialista Javier Lambán.
—Lo entiendo como un ataque a la autonomía de la comunidad autónoma de Aragón. Es incomprensible que una votación democrática en un Parlamento demócrata como el de Aragón no se vaya a respetar por parte del Gobierno de España. La única explicación, es evidente, es que estamos delante un acto electoral.
—Estamos en campaña de las elecciones europeas…
—Estamos acostumbrados. Cada vez que el PSOE va a perder unas elecciones talego el asunto de Franco.
—¿Está el Gobierno entrando en las competencias de un parlamento estimado democráticamente?
—La derogación de la ley de Memoria histórica es una competencia democrática del parlamento aragonés, que deja sin objetivo una ley aludido. Otra cuestión distinta es que otras leyes vigentes, como la doméstico o internacionales, sigan vigentes. ¿Cómo puede ser que haya comunidades autónomas sin ley de memoria y en Aragón nos impongan una ley?
—Hay cinco comunidades sin leyes de memoria.
—Eso es. Ahora mismo en Aragón no hay ley de memoria, igual que en Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid o Murcia. La situación, ¿cuál es?: que en Aragón no tenemos ley de memoria. ¿Por qué los aragoneses tenemos que ir al Constitucional por no tener una ley de memoria y los castellanomanchegos pueden habitar sin ella?
—Usted ya ha dicho que su intención es sustituir la ley de memoria de Lambán por una ley de Concordia…
—Yo estoy hablando de un plan de concordia: un plan de todos y para todos. Que ponga en valía los títulos de la Transición, los títulos de la Constitución española. El cierto problema que tiene este país es que no valoramos el viejo logro de nuestra historia flamante: el tener sido capaces de ponernos de acuerdo. El Gobierno quiere alegrar muros y nosotros queremos recuperar la concordia.
—¿Qué plazos maneja?
—La idea es aprobarlo antiguamente de las descanso de verano.
—¿En qué consiste?
—En que el Gobierno de Aragón impulse actividades para que la concordia pueda ser un valía de la sociedad aragonesa.
—¿Qué piensan hacer para frenar este procedimiento?
—Defendernos.
—¿Cómo?
—Es evidente que nos defenderemos en el Tribunal Constitucional y quiero esperar en que la racionalidad y el sentido popular se impongan. Ningún jurista que tiene un intrascendente sentido popular no entiende que un Parlamento no pueda derogar una ley.