La Santa Sede, con el designación del metropolitano de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, ha tomado el control de la comunidad de clarisas de Belorado. De esta forma, la primera valentía ha sido la destitución de la contemporáneo abadesa, sor Isabel de la Trinidad, a la que este martes a última hora, a través de un burofax, se le comunicó «la finalización de su mandato y el designación del comisario pontificio, con mercadería inmediatos», según ha explicado en una rueda de prensa el metropolitano de Burgos.
Adicionalmente, Mario Iceta ha señalado que «se prohibirá expresamente el llegada y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles de los sres. Pablo de Rojas y José Ceacero y cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Evangelista». El metropolitano de Burgos ha señalado que como comisario pontificio ejerce una punto colegiada con un equipo de trabajo que ha presentado en su comparecencia frente a la prensa y que entre sus primeras medidas, adicionalmente de velar por que las religiosas «encuentren el camino de retorno a casa», está la de pedir «la colaboración de un despacho profesional para la agencia de los monasterios y sus posesiones» y que igualmente se encargará de realizar «una auditoría y un inventario».
Iceta ha explicado que estuvo en Roma a principios de semana, donde puso al corriente de la situación tanto al Dicasterio para la Vida Consagrada como al de Doctrina de la Fe. Ahora, el designación como comisario pontificio ‘ad nutum Sanctae Sedis’ le otorga «todos los derechos y deberes que el derecho universal de la Iglesia y el derecho propio del Instituto atribuyen al superior veterano y a su consejo, incluida la representación judicial en el ámbito civil». En este caso, al ser una institución ‘sui iuris’ la responsabilidad de superior veterano recaía en la propia abadesa, por lo que Iceta asume toda la responsabilidad tanto en el gobierno y el cuidado pastoral de la comunidad, como en la agencia de sus posesiones y patrimonio.
Preguntado sobre la posibilidad de que las religiosas hubieran aplicado este tiempo para entregar o traspasar algunos posesiones de los tres monasterios que gestionan, Iceta ha confirmado que no tiene constancia «de ningún movimiento en este sentido, ni sospecha ni indicio de que quieran entregar posesiones o traspasar su patrimonio». «Al contrario, me consta que las hermanas cuidaron siempre muy aceptablemente su patrimonio y han sido muy responsables», ha añadido.
Como ya explicó torrevieja news today este domingo, Iceta ha señalado que los «monasterios, sus propiedades y posesiones son posesiones eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas». Todavía ha recordado que si se llegara a decretar la disolución de la comunidad y la supresión de los monasterios «todos sus posesiones quedarían en el ámbito de la Pacto de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos» y que en ningún caso pasaría a la arzobispado de Burgos.
En todo caso, igualmente ha querido insistir que, más allá del conflicto patrimonial, «la cuestión de las monjas es la que más me ocupa y me preocupa». En ese sentido, ha destacado que «las hermanas merecen el mayor respeto y consideración». Así, transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica», ha explicado sobre los siguientes pasos.
Si finalmente decidieran perseverar en su aspecto cismática, «la renuncia expresa y pública de desamparo de la Iglesia católica las situaría, por valentía rescatado y personal, al beneficio de la comunión eclesial». La consecuencia prevista por el derecho canónico, en caso de no deponer su valentía, «concluiría con la manifiesto de excomunión ‘latae sententiae’, que lleva consigo la expulsión de la vida consagrada», ha explicado, aunque ha concluido que confía «vivamente en que no sea necesario conservarse a este extremo».
El metropolitano de Burgos igualmente ha insistido durante su comparecencia en su deseo de tratar «con delicadeza» todo este asunto mediante «un proceso de diálogo» para que las hermanas «vuelvan a casa» y se pueda pasar «esta situación tan dolorosa» . En este sentido, ha aclarado que ese cauce de diálogo tiene que ser «el principal», lo que no implica que «se avance en el jurídico» . De hecho, no ha rechazado la vía penal por los ataques que él mismo ha recibido de Pablo de Rojas, ya que aunque dice haberle perdonado «no quita que todo se incorpore, lo de antaño y lo de posteriormente si puede devengar en cuestiones penales».
Comisión gestora
Según una nota de prensa distribuida por la arzobispado de Burgos, Mario Iceta, para desempeño «de este encargo de la Santa Sede», ha renombrado «una comisión gestora compuesta por el propio comisario, la presidenta de la Pacto de Nuestra Señora de Aránzazu y su secretaria federal (que velarán por el cuidado de la comunidad), el vicario jurídico de la arzobispado de Burgos (que se encargará de las cuestiones en el ámbito canónico) y el director de Asuntos Jurídicos del arzobispado de Burgos (que coordinará los aspectos concernientes al ámbito civil)». Adicionalmente, igualmente contarán con la colaboración del delegado obispal para la vida consagrada y de los capellanes del monasterio, que han asistido a la comunidad en los últimos abriles, hasta la presentación al oportunidad del prelado excomulgado Pablo Rojas.
Por su parte, sor María Javier ha recordado que empezó a sospechar que poco estaba pasando en Belorado hace ya un año pero hasta entonces «la relación era excelente, mejor irrealizable» e, incluso, con la ya exabadesa sor Isabel, «hemos sido muy amigas». «Alguna cosa empecé a ver y fue cuando le dije a don Mario que poco no iba aceptablemente», ha añadido, aunque ha insistido en no aprender qué ha pasado para que las monjas hayan tomado la valentía de abjurar la Iglesia.
En términos parecidos se ha pronunciado sor Carmen quien ha lamentado que no han conseguido departir con ninguna de las hermanas que permanecen adentro del convento y ha calificado de «muy dolorosa» la aspecto de la comunidad de Belorado que se ha convertido en «un problema de la Iglesia, no nuestro», por lo que ha destacado el «escolta» que reciben.
El vicario jurídico de la arzobispado, Donato Miguel Gómez, ha explicado que la valentía de la Santa Sede de hacer comisario pontificio de los tres conventos (Belorado, Derio y Orduña) a Mario Iceta le faculta para admitir «toda su estructura y todas les decisiones patrimoniales, administrativas y de vida religiosa».