La Asociación de Afectados por el Parque de Cabañeros ha presentado una denuncia formal en presencia de la Comisión Europea por la «encargo deficiente y negligente» del Parque Doméstico de Cabañeros por parte del Gobierno de España. Esta medida pone de manifiesto la urgente escazes de encarar la crisis medioambiental que sufre el espacio protegido, que está poniendo en aventura uno de los ecosistemas más valiosos de Europa.
El Parque Doméstico de Cabañeros, situado en Castilla-La Mancha, forma parte de la Red Naturaleza 2000, por lo que, de acuerdo con la norma europea, está sujeto a una protección medioambiental especialmente rigurosa.
En este sentido, la Asociación de Afectados del Parque de Cabañeros ha urgido a Bruselas a intervenir para defender este espacio natural del «estado de desamparo» en que se encuentra, según señalan en una nota de prensa.
«Hemos acudido a la Comisión Europea para que las autoridades españolas cumplan con sus obligaciones legales y conservacionistas antiguamente de que se produzca un desastre ecológico irreversible», asegura Miguel Temboury, abogado de la asociación, tras entregar la denuncia. Unido a la demanda, ha aportado informes técnicos y pruebas gráficas que constatan la «terrible degradación de los ecosistemas» del parque.
A sensatez de los expertos, la equivocación de entusiasmo no solo contraviene la reglamento española, sino igualmente los mandatos de conservación europeos, incluida la Directiva Hábitats y la Directiva Aves de la Unión Europea.
La denuncia alerta a Bruselas sobre la marcha destreza de un plan de encargo de poblaciones de ungulados silvestres. La Distribución española aprobó en junio de 2021 el Plan Rector de Uso y Mandato de Cabañeros, pese a que la Ley de Parques Nacionales le concedió para ello un plazo de 6 primaveras que expiró el 5 de diciembre de 2020. Este aparato no establece actuaciones de control de poblaciones, sino que se remite al denominado Plan de Mandato de Ungulados, que no fue permitido hasta junio de 2023.
Pese a su aprobación, el Plan de Mandato de Ungulados carece de cualquier meta práctico hasta la vencimiento, puesto que exige para su aplicación la previa celebración de acuerdos entre la distribución y los titulares de derechos afectados. Estos acuerdos no se han celebrado hasta la vencimiento, por lo que ya son tres las temporadas completas de caza en las que no se ha podido realizar ninguna concierto cinegética.
Esta desidia de las administraciones españolas ha dejado al parque en una situación de ilimitado desatención, causando graves daños a un espacio natural de detención valía ecológico. Una circunstancia que ha generado una alerta medioambiental sin precedentes, que afecta tanto a la fauna como a la flora del espacio protegido.
La reglamento, tanto europea como española, establece que son las administraciones públicas las encargadas ejecutar el parque y dotar de los medios necesarios para surtir la integridad del hábitat y las especies protegidas que allí habitan.
Una de las consecuencias de esta inadecuada encargo es la sobrepoblación de ungulados, que facilita enormemente la transmisión de determinadas enfermedades entre las especies, disminuye la cantidad de alimento y, con ello, la viabilidad de otro tipo de fauna.
Por otra parte, la marcha de mantenimiento ha aumentado de guisa exponencial el aventura de incendios al encontrarse degradada la masa forestal por sobrepastoreo y la equivocación de labores de desbrozo.
Esta sobrepoblación igualmente ha tenido un impacto cenizo en especies en peligro como el perpicaz imperial y el agudo peninsular, cuyos hábitats se han gastado gravemente comprometidos, limitando sus oportunidades de nutriente y refugio.