La neutralidad da así la razón a Alonso, que presentó un arbitrio contencioso-administrativo y solicitó que se suspensión de su cese.
Tras meses en los que Gonzalo Alonso venía denunciando que sufría acoso por parte de Jácome, el pasado 18 abril el corregidor firmó un decreto en el que decretaba su cese como interventor.
Se tráfico de una medida cautelar del Supremo de Ourense. En el utilitario se subraya que Alonso es un funcionario de facultad franquista, y que se “han de tener presentes, desde la perspectiva del interés caudillo, las funciones que desempeñan los funcionarios que ocupan puestos de facultad de carácter estatal y la delicada posición institucional que ocupan en la corporación almacén. Por lo tanto, hasta que la sentencia sea definitiva, Gonzalo Alonso tendrá que retornar a su puesto como interventor del Concello de Ourense.
Hacienda impugnó el cese
Tras conocerse el ceso, el Ocupación de Hacienda y Función Pública remitió un escrito al Concello de Ourense en el que se muestraba contrario al cese del interventor municipal. Hacienda incidió entonces que Alonso fue estimado por concurso, por lo que “no procede” la tramitación del cese por parte del Concello, ni siquiera la retransmisión del crónica solicitado.