El tribunal en el caso de la que fuera auxiliar administrativa de Villamarciel y Villavieja del Cerro -dependientes de Tordesillas (Valladolid)- Esther M.R, juzgada por haberse quedado con cerca de 160.000 euros de fondos públicos procedentes de ambas entidades locales menores, considera probada la culpabilidad de la encausada, poco que ella misma ya había obligado, aunque entiende que su conducta se vio atenuada por padecer una ludopatía leve.
Es la respuesta al objeto del veredicto integrado por una treintena de preguntas en las que, como esencia de este caso, se planteaba si la ludopatía de la acusada alteró de forma total, tranquilo o tan solo tenuemente sus facultades volitivas e intelectivas, cuestión a la que el tribunal ha respondido inclinando la peso por la tercera y última de las alternativas citadas.
El tribunal, en un veredicto casi relámpago por unanimidad recogido por Europa Press, horas luego del aparición de su deliberación en la mañana de este miércoles, estimaba ya por la tarde probada por parte de la acusada la comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro continuado de malversación, si correctamente se han pronunciado, por mayoría, a auspicio de conceder a la acusada la remisión (suspensión) condicional de la condena y de la posibilidad de indulto habida cuenta del carácter «excesivo» de las penas pedidas por las acusaciones.
La acusadora pública, que había pedido una condena de cuatro primaveras, seis meses y un día de prisión, adjunto con la devolución de la cantidad malversada, por los citados delitos, ha anunciado su intención de perdurar la petición de pena y, al mismo tiempo, se ha mostrado en contra de conceder a la encausada cualquier posibilidad de indulto o de remisión de la condena.
En el caso del acusador particular, en representación del Junta de Tordesillas y de sus dos pedanías, el docto se había situado en los ocho primaveras de privación de licencia -no consideraba probable la ludopatía- y en la protesta del plazo de la preceptiva indemnización por delito de malversación de caudales públicos, si correctamente ahora, conocido el veredicto, ha mantenido incluso su escrito de calificación y, al igual que la fiscal, se ha opuesto a cualquier posible suspensión de la pena.
Por su parte, la defensa, pese a escudriñar un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, había demandado del tribunal un dictamen exculpatorio -pedía la eximente completa al considerar inimputable a su clienta- y en caso de condena reclamaba una pena mínima de dos primaveras y la suspensión de la misma al estimar como aplicable una atenuante, ha solicitado una condena mínima por cualquiera de entreambos delitos y la aplicación de la remisión de la condena.
Emitido ya el veredicto, será ahora la magistrada que ha presidido estos días el tribunal popular la encargada de dictar sentencia ajustada a lo dictaminado por los nueve miembros del tribunal.
A lo holgado del proceso legal el jerarquía de imputabilidad de la empleada pública, aplicable a la ludopatía, se había convertido en la principal clave que debía de desvelar el tribunal, luego de que la propia Esther reconociera en su exposición, sin evasivas, que en 2011 fue contratada como auxiliar administrativa en ambas entidades menores y que desde ese cargo de confianza llegó a desviar en beneficio propio cerca de 160.000 euros.
De tal cantidad, 80.917 euros procedentes de fondos de Villavieja y otros 76.114 de pasta sabido de Villamarciel se los embolsó en dos cuentas de su propiedad y otra de su entonces pareja mediante transferencias que realizó fingiendo pagos a proveedores por distintos servicios, cuantías a las que hay que sumar otros mil euros–inicialmente se le imputaban 15.178 euros–que la fiscal entendía que se ha podido acreditar que obtuvo en mano de los vecinos por el cobro en metálico de distintas tasas que incluso se embolsó y no ingresó en las arcas municipales.
En su descargo, la trabajadora alegó que su conducta se vio condicionada por la tranquilo anexión al mecanismo que padecía, en monopolio por la operación incontrolada de décimos de quiniela y cupones en la creencia de que más pronto que tarde obtendría algún premio que le permitiría devolver con creces todo el pasta sabido desviado.
Pero adicionalmente, de esa forma podría resolver todos sus problemas personales y familiares marcados desde su infancia por un padre alcohólico que la abandonó con tan solo tres primaveras y en el presente por encontrarse al cuidado de una superiora impedida y de una hermana con parálisis cerebral.
Todo ello, como así había esgrimido Esther, le provocaba una profunda ansiedad que de forma incontrolada la llevaba a brincar a la quiniela y a realizar compras, con predilección por los vestidos, los bolsos y las cremas que adquiría en El Corte Inglés.
Durante el proceso, el secretario interventor delegado del Junta de Tordesillas, a quien en junio de 2019 se encomendó revisar las cuentas de Villavieja y Villamarciel, llegó a consolidar que al iniciar su bordado de control se percató de que la situación en ambas pedanías era de «bancarrota», sin prácticamente fondos para respaldar las más simples facturas, lo que incluso había llevado a Iberdrola a cortarles la luz.
Fue a raíz de esa «situación catastrófica» detectada cuando en agosto de ese mismo año puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid para el inicio de la investigación oportuna, proceso en el que, tal y como criticó el técnico municipal, no había enfrentado colaboración alguna por parte de la acusada sino más correctamente la colocación de «palos en las ruedas» con el fin de dificultar las pesquisas y no dejar vestigio de su conducta delictiva.