Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.
La proposición de ley fue registrada en solitario por el Agrupación Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de necesidad, no va a ver la luz hasta más de seis meses posteriormente.
Si no hay sorpresas de última hora, será la segunda ley que apruebe el Parlamento desde la aparición del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado diciembre, encima de la reforma constitucional para eliminar el término disminuido de la Carta Magna.
El texto no se ha movido desde marzo
Durante su repaso en el Congreso el texto sufrió varias modificaciones en virtud de los acuerdos que los socialistas fueron alcanzando con los independentistas catalanes y que fueron recibiendo el apoyo del resto de socios parlamentarios.
Tras su primera período de debate en la Comisión de Honradez, el texto fue elevado al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impidió que se mandara al Senado. Los de Carles Puigdemont forzaron su revés a la comisión frente a la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y tuvieron que agenciárselas un nuevo pacto.
El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y la ley se envió al Senado. El PP uso su mayoría absoluta en la Cámara Entrada para impulsar una modificación reglamentaria que le permitió `retener` allí la norma dos meses, el mayor fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de necesidad.
Encima, el Senado inició los trámites para sugerir un inédito conflicto de atribuciones contra el Congreso por considerar que la ley suponía una reforma constitucional estafa, aunque finalmente los `populares` han desistido de resistir el asunto al Tribunal Constitucional.
SESIÓN MONOGRÁFICA VOTACIÓN UNO POR UNO
Así las cosas, hace dos semanas, el Pleno del Senado vetó la ley y la devolvió al Congreso sin incluir modificaciones. El Pleno del Congreso volverá a debatirla este jueves en una sesión monográfica, en la que los portavoces de los grupos contarán con siete minutos para intervenir y lo harán de último a veterano.
En los debates de las leyes que vuelven del Senado no es habitual que participe el Gobierno aunque, como el Reglamento permite a los miembros del Ejecutor intervenir siempre que quieran, esa opción siempre está ahí.
Encima, el PP ha solicitado que la votación sea nominativo, es aseverar que cada una de sus señorías tenga que aseverar en detención el sentido de su voto, poco que asimismo hicieron en las cuatro ocasiones anteriores en las que esta norma pasó por el Pleno antaño de su remesa al Senado. Para alentar el veto del Senado, el Gobierno requiere mayoría absoluta, un pequeño de 175 votos, y hexaedro que el PP, Vox, UPN y CC suman 172 votos en contra, el PSOE y sus aliados no pueden permitirse errores ni ausencias.
Tanto el líder de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, como el secretario común de Junts, Jordi Turull, entreambos condenados por el Tribunal Supremo y luego indultados, acudirán este jueves al Pleno del Congreso para asistir a este posterior debate parlamentario.
Los dos dirigentes de las formaciones independentistas seguirán el debate desde la tribuna de invitados del hemiciclo. Acompañando a Junqueras asimismo estarán la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell (asimismo condenada en la causa del procés que instruyó el Supremo); la portavoz de ERC y secretaria común adjunta, Marta Vilalta, y la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Laura Vilagrà, entre otros.
EL PSOE DA EL TEMA POR AMORTIZADO
El PSOE afronta el debate definitivo sobre la Ley de Perdón convencidos de que es un asunto que ya no les provoca desgaste electoral y luego lo dan por “amortizado”, según indican fuentes de la dirección socialista.
En este sentido, remarcan que incluso están incorporando este asunto en los discursos de campaña de las elecciones europeas y hablando de la condonación y los mercancía positivos que a su pleito ya se están notando en la sociedad catalana.
A pesar de la tensión que esta ley generó en la sociedad e incluso entre sus bases y algunos de sus dirigentes, en la cúpula del PSOE consideran que el debate está superado y el resultado de las elecciones catalanas del 12M, en las que el PSC fue primera fuerza y los independentistas no sumaron mayoría, ha reconfortado a buena parte de la sociedad.