La sesión de control al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha estado marcada por el anuncio de un solicitud por parte del Ejecutor autonómico al Tribunal Constitucional a la Ley de Indulto aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, así como por la resaca de la resolución de la Audiencia Doméstico que absuelve a Francisco Camps en la última de las diez causas judiciales en las que había estado inmerso desde hace quince primaveras.
Así lo ha confirmado este jueves en el Parlamento valenciano el presidente Mazón, quien ha señalado que la Jurisprudencia de la Generalitat tiene preparado el solicitud de inconstitucionalidad en presencia de el «atentado a la Constitución y a la igualdad entre territorios y personas» que se acomete en la Cámara Mengua.
En respuesta a la pregunta formulada por Vox, el líder ‘popular’ ha matizado que el solicitud va «en nombre de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», con el objetivo de defender el Estatut d’Autonomia y el cumplimiento de la Constitución.
Sobre este tema, el dirigente alicantino ha querido comparar la posición del expresidente valenciano Francisco Camps a posteriori de ser absuelto en todos los procesos judiciales en los que ha estado involucrado durante los últimos quince primaveras con la modo en la que los independistas han conseguido a través de la Ley de Indulto eludir la acto de la Jurisprudencia española.
Mientras, el vicepresidente primero y conseller de Civilización y Deporte, Vicente Barrera, ha hecho un llamada «a toda la sociedad española para que alcen la voz en defensa del Estado de derecho, la autodeterminación, la democracia y la igualdad de todos los españoles».
Barrera ha erudito esta tarde una exposición institucional para mostrar el rechazo del Consell a la Ley de Indulto aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, a la que ha calificado como «el decano ataque posible a la democracia que destruye el principio de igualdad entre los españoles».
En este sentido, ha señalado que, tal y como ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el Consell «no va a quedarse cruzado de brazos y va a presentar un solicitud de inconstitucionalidad», que se tramitará a través de la Jurisprudencia de la Generalitat, «frente a esta ignominiosa, vergonzante e insultante humillación a los españoles».
Barrera ha afirmado que con la aprobación de esta ley «en la sede de la soberanía franquista» que es el Congreso de los Diputados, «se ha desafiado a la democracia y el Estado de derecho».
«Los delicuentes han redactado las leyes para autoperdonarse, alentados por un presidente del Gobierno que mercadea para su beneficio personal con los votos de los golpistas, fugados de la conciencia y delincuentes, para secuestrar el poder desde Moncloa de la mano de todos los que quieren destruir la igualdad de los españoles», ha añadido.
«Por ello, -ha afirmado- queremos denunciar detención y claro que este es el decano acto de corrupción posible y, luego, hacemos un llamada a los españoles, para que alcen su voz en defensa de la igualdad de todos los españoles, en defensa del Estado de derecho, y en defensa de la autodeterminación y la democracia».
En contra de la opa hostil del BBVA al Sabadell
Por otra parte, el PP y Compromís han llegado a un acuerdo para aprobar una moción en contra de la opa de carácter hostil del BBVA al Sabadell que insta al Gobierno a no autorizar esta «concentración bancaria». El PSPV-PSOE ha apoyado asimismo la propuesta mientras que la formación de Santiago Abascal se ha abstenido.
La iniciativa que han apoyado entreambos partidos señala que la opa es «un nuevo conmoción al sistema financiero de todo el Estado castellano», que «podría suponer un nuevo proceso de concentración y centralización bancaria que acentúa la insignificante competencia entre entidades de crédito, entre ellas, los bancos, que acusa el sistema financiero estatal».
Según reza la proposición, «la errata de competencia implica que la ciudadanía tenga cada vez menos variedad de opciones para consentir a una hipoteca o a un crédito, y, luego, menos capacidad para poder consentir a estos posibles en condiciones justas».
La moción diferente de Compromís incluía cinco puntos: el rechazo a la opa, pedir un referencia al Consell sobre su posible impacto, instar al ejecutante valenciano a que inste a su vez al Gobierno a evitar esta operación, recuperar el sistema financiero propio y apoyar una propuesta del Defensor del Pueblo para constreñir como servicios económicos de interés caudillo la operativa bancaria básica. El PP, no obstante, ha presentado una reparación transaccional que elimina el cuarto punto, el del sistema financiero propio.