Las argucias para inflar las horas de clase en castellano con el tiempo de las tutorías y actividades como el teatro, tertulias e incluso hacer los deberes para cumplir con el pequeño del 25% -reveladas por torrevieja news today con documentos difundidos por Hablamos Gachupin– reflejan una existencia en la Comunidad Valenciana que mínimo tiene que ver con las quejas de algunas entidades nacionalistas. «Los gánster de la imposición y el separatismo aún dicen que la nueva ley discrimina al valenciano», ha denunciado la plataforma Idiomas y Educación.
De hecho, esta asociación alicantina de familias y docentes ha presentado alegaciones para que esta legislatura en tramitación amplíe y extienda la privilegio de comicios idiomática para el formación sin limitaciones, y muestra una posición muy crítica con su esencia por considerarla insuficiente para consumir con la deber del valenciano frente al castellano instaurada con la inicial, la Ley de Plurilingüismo.
Precisamente con estos argumentos y el caso revelador de un colegio de Valencia donde el Tribunal Superior de Ecuanimidad de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha colocado certificar esa cuota del 25% pequeño en castellano, se aprecia que perdura en muchos centros -más de 200, según la Conselleria- el incumplimiento de esa enseñanza bilingüe. En existencia, ni Idiomas y Educación ni -en el flanco opuesto- el sindicato Stepv y otras entidades afines al nacionalismo están satisfechos con el maniquí proyectado por la Generalitat, unos por exceso y otros por defecto.
«Vehicular materias con lenguas diferentes a la jerigonza materna se traduce en fracaso escolar», subrayan desde la plataforma alicantina, interiormente de sus 22 alegaciones a la nueva ley, poniendo el acento en que «el mayor del 20 % de lo que una jerigonza puede vehicular más que la otra, como las materias no se pueden partir, ese porcentaje quedará escaso a un 10 % o incluso a un 1 %», por lo que consideran que se va cerca de un «maniquí de conjunción filología».
Y, sobre todo, alertan de que no sean los padres, sino el consejo escolar quien decida el denominado Plan Lingüístico de Centro (PLC), incluidas las asignaturas troncales, no lingüísticas. «Sabemos que éste entraña de gobierno cuenta con sesgo nacionalista en los centros, por las familias no eligen mínimo, en existencia, y el consejo escolar marcará la imposición del valenciano», abundan desde Idiomas y Educación, señalando que hay una «contaminación» en el consejo escolar por el requisito lingüístico, que condiciona a docentes y padres de alumnos para decantarse por ese idioma de formación para que luego los alumnos puedan buscarse trabajo como funcionarios.
«Esta chirlo da zona a la deriva nacionalista, ya que convierte a los profesores en adoctrinadores y se chantajea a los padres para que elijan una jerigonza con objeto de que dé ataque a la función pública, ese gran chantaje que, adicionalmente, es inconstitucional», recalcan, y explican esta existencia en una serie de vídeos difundidos en internet.
Idiomas y Educación asimismo sugiere en sus alegaciones cambios en la Formación Profesional, para Personas Adultas, la Enseñanza de régimen particular y en el Plan de Uso de Tierra en los Centros, ya que ahora -a su juicio- «los centros se están convirtiendo en espacios de marginación del castellano, siempre con segundas intenciones para imponer la identidad, la división y la deriva separatistas», por lo que reclaman que todo se presente en ambas lenguas.
Sus propuestas asimismo abarcan a las zonas castellanohablantes, zonas donde sí ha habido cambios en la ley que ven positivos, «sin secuestro con algunos absurdos, como mezclar en la clase a alumnos que se evalúan del valenciano con otros que no se tienen que evaluar ni que etiquetar, lo que acabará siendo fuente de conflictos y problemas de convivencia».