La Sala de lo Contencioso-Burócrata del Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón al que fue fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, en su batalla procesal contra la Fiscalía Normal del Estado, cuyo servicio de Inspección le negó la documentación de los expedientes que le habían sido abiertos y archivados sin ratificación alguna a lo desprendido de varios abriles. Impone las costas del proceso, 3.000 euros, al Ocupación Sabido.
En una resolución notificada este viernes y a la que tuvo acercamiento torrevieja news today, los magistrados estiman íntegramente el procedimiento que presentó Stampa cuando solicitó copia íntegra y certificada de todos los expedientes gubernativos que le había incoado la Inspección Fiscal entre 2012 y 2016.
Constaban tres, de 2014 y 2015, pero la jefa de la inspección, «por delegación del fiscal Normal del Estado», le negó el acercamiento a ellos argumentando que ya no estaban en tramitación y la ley lo que prevé es el derecho a conocer el estado de la tramitación de ese tipo de actuaciones administrativas. Calificaron de abusiva su pretensión de revisarlos.
Pero el Supremo, que ya dio la razón a Stampa cuando recurrió la negativa a lograr a otros expedientes, no está de acuerdo con la Fiscalía. Recuerda que «el derecho de acercamiento a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos» que soporte la Constitución y cuya interpretación «no puede ser restrictiva».
En este sentido, reproduce lo que ya dijo en la sentencia preparatorio, que «la única razón de la denegación descansaba en que los expedientes gubernativos ya estaban concluidos». «De aquí no se sigue que las personas con un interés verdadero no tengan derecho a conocer la información recogida en procedimientos administrativos ya concluidos, ni menos aún que no tengan derecho a conocer datos relativos a ellas que se encuentren en dichos procedimientos administrativos ya concluidos», señala la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso.
Comunicación a la información íntegra
Rechaza incluso la petición que elevaba de forma subsidiaria la Fiscalía, y es que en caso de que se diese la razón a Stampa, los expedientes se le entregasen anonimizados. Para los magistrados, está claro que la ley no lo prevé así indemne para los datos que sean «especialmente protegidos» y no ha referido que este sea el caso.
«De aquí el derecho del recurrente a obtener copia íntegra y certificada de los tres expedientes gubernativos incluya la identidad de cualesquiera personas que en ellas aparezcan. Más allá de esto, si hubiera datos personales especialmente protegidos en dicho procedimiento, habría de permanecer a lo dispuesto por la reglamento de protección de datos», señala la resolución.
Ignacio Stampa perdió la plaza en la Fiscalía Anticorrupción al no ser propuesto para ella en un Consejo Fiscal de nombramientos al que llegó con un expediente disciplinario rajado. Seguía en tramitación porque la Secretaría Técnica de la Fiscalía Normal del Estado que entonces dirigía el coetáneo fiscal militar Álvaro García Ortiz, rechazó las propuestas de archivo que elevó el que llevaba el caso y fue indicándole que practicase más averiguaciones.
Desde entonces, ha venido reclamando en la vía contenciosa acercamiento a todo lo que a su persona concierne interiormente de la Inspección Fiscal. El Supremo ya le ha transmitido la razón dos veces, imponiendo las costas a la Fiscalía y en el Tribunal Superior de Conciencia de Madrid ha yeguada otros dos procedimientos.