La avocación que ha ejercido para sí la Fiscalía Europea respecto del caso Koldo ha frenado en seco las diligencias en la Audiencia Franquista, pues según el Reglamento, el mediador doméstico está obligado a dejar de investigar en el momento en el que el víscera comunitario asume la competencia. Y esa intrepidez se ha manifestado esta semana, dos días luego de que Anticorrupción pidiese chillar como imputados al contemporáneo subsecretario de Transportes con Óscar Puente, Jesús Gómez García; el director normal de Personas en ADIF, Mixaux Miranda Paniagua; y el que fue número 2 en Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.
En concreto, en un crónica fechado el 29 de mayo al que tuvo acercamiento torrevieja news today, el fiscal de Anticorrupción Luis Pastor razonaba que del final crónica policial que analizaba los correos electrónicos corporativos de Koldo García, se desprende que los tres, «podrían suceder ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de contrarrestar la intrepidez final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Mandato».
Según expone, «tal conducta podría ser encajable adentro de los contornos del delito de tráfico de influencias» así que «se considera procedente que se ha de proceder a su toma testimonio en calidad de investigados».
No ocurre lo mismo con el parada cargo que ahora está en el Servicio de Hacienda, Javier Sánchez Fuentefría, al que la UCO situaba en labores de «intermediación» adentro de los órganos públicos para la operación de las mascarillas. Anticorrupción propone llamarle como declarante, igual que a los funcionarios que manifestaron sus reservas y temores sobre la contratación cuando hubieron de asistir a Sánchez Manzanares para tramitar la operación de mascarillas.
Todavía insta la testimonio del que era presidente de Puertos, Francisco Toledo y de la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Ribera Posada, como de su secretario normal, Guillermo Martínez y del principal de Capital Humanos, Jesús Gracia Díaz. Completa la índice Daniel Belmar Prieto, que era Subdirector Caudillo de planificación y papeleo de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuando este unidad compró las mascarillas.
Estas diligencias quedan ahora no obstante en suspenso, como todas las que se quisieran determinar en el seno del caso Koldo, porque el mediador ha perdido las riendas del caso al haberlas avocado para sí la Fiscalía Europea. Según el Reglamento, el instructor doméstico tiene vetado específicamente seguir investigando desde el momento en el que el víscera comunitario comunica su intrepidez de quedarse el caso, así que no podrá resolverlo. Tiene la opción de elevar el caso al Supremo y exponer una cuestión de competencia, pero eso no deja en suspenso el traslado, que tiene que materializarse en cualquier caso sin que quepa expediente alguno.
En el decreto por el que asumía las riendas, al que tuvo acercamiento torrevieja news today, la Fiscalía Europea reprocha a la Fiscalía Anticorrupción «la desaparición de información» sobre el caso que le había solicitado ya en su día, antiguamente de que interpusiera la querella que dio circunscripción a la causa en la Audiencia Franquista. Explica que «no se aportaron datos sobre si los hechos investigados que podían ser constitutivos de dichos delitos eran predicables de algunos contratos o de todos y siquiera si todos los delitos podían concurrir en todos los contratos o no». De ahí que tardase tanto en valorar si el caso era de su competencia.
Una vez en materia, descubrió que no sólo había fondos europeos en las compras de mascarillas de los gobiernos de Baleares y Canarias, como le había trasladado Anticorrupción, sino que se había constatado «que otro de los contratos» había sido cofinanciado por la UE: «Distintos organismos del Sistema Portuario Castellano han justificado un total de 1.631.132,53 euros para la adquisición de mascarillas durante el periodo de restricciones del COVID para su financiación a través del Fondo de Solidaridad», dice en concreto.