Agentes de la Guarnición Civil y de los Mossos d’Esquadra han desarticulado una ordenamiento criminal que operaba principalmente en Tarragona y que obtenía hacienda mediante la utilización fraudulenta de DNI sustraídos o fotografiados de terceras personas. Con ellos contrataban créditos online y compraban teléfonos móviles de reincorporación serie y otros productos de pompa en internet.
Hasta ahora se calcula que el total vecino defraudado por esta ordenamiento asciende al millón de euros con más de 700 víctimas, según ha indicado la Guarnición Civil en un comunicado de prensa. La investigación sigue abierta y no se descarta que estas cifras se incrementen.
La investigación se inició en 2023 al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Dorada. El modus operandi comenzaba con la transacción de los datos identificativos de terceras personas, obtenidos mediante el robo del propio DNI de las víctimas o través de capturas fotográficas de aquellos hechas por algunos de los miembros de la ordenamiento criminal mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus.
Una vez obtenidos los datos, entraban en las páginas web de empresas crediticias y comprobaban mediante una simulación si con esos datos podían tener comunicación a un crédito. En caso afirmativo y para formalizar el crédito, la empresa crediticia les pedía otros datos como el puesto de trabajo, la paga o la pasado. Esta tarea era efectuada por otros miembros de la ordenamiento, obteniéndose mediante la entrada de los datos personales en la web de la Seguridad Social.
Con toda esta información necesitaban realizar un postrer paso, la falsificación de la paga y la de un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo de agua, luz o de cualquier otro suministro o servicio.
Solicitaban créditos de entre 3.000 y 5.000 euros
Una vez llegado hasta aquí, la ordenamiento criminal, mediante cuentas bancarias falsas, solicitaban créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraban por internet teléfonos de reincorporación serie y otros productos tecnológicos de pompa. En algunas de estas páginas web donde adquirían los teléfonos podían contratar tarjetas de crédito, lo que aprovechaban para solicitarlas y usarlas seguidamente en casinos, cajeros y otros servicios.
Los productos de pompa comprados eran enviados a determinados lugares y recogidos en todo el condado franquista por otros miembros de la ordenamiento. En el caso de los teléfonos móviles eran vendidos seguidamente en tiendas de Reus y Tarragona.
En el transcurso de la investigación se detectó que en algunos casos, a fin de obtener una financiación rápida de terminales de reincorporación serie, la ordenamiento tenía un colaborador que trabajaba para una importante empresa de telefonía, y que se encargaba de que la documentación aportada por la ordenamiento criminal fuera aprobada y tramitada con más celeridad.
Problemas de financiación
Durante 2023, la ordenamiento empezó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña. Esto obligó a los autores a desplazarse a otros puntos del estado como Valencia y Zaragoza, para seguir desarrollando la misma actividad delictiva.
En noviembre los agentes de entreambos cuerpos policiales detuvieron a 19 personas como presuntas autoras de varios delitos de estafa y falsedad documental, Por otra parte, se efectuaron un total de siete entradas, seis en domicilios y uno en una empresa. Se resolvieron así 121 ilícitos penales.
En una segunda período y gracias a la información obtenida del investigación de las evidencias intervenidas en las diferentes entradas realizadas durante la primera período, se consiguieron una multitud de indicios, que llevaron a la identificación y detención de otros 20 miembros. Los estafadores fueron puestos a disposición legislativo frente a el supremo en funciones de escolta de los de Reus.