Un hombre y una mujer están citados para sentarse como acusados en la compraventa de una casa en el pequeño pueblo de Herreruela de Oropesa. Según la Fiscalía, participaron en 2017 en la adquisición de una vivienda que sigue en su poder y que no han pagado. Para ello, simularon presuntamente una transferencia bancaria de 70.000 euros, pero la cuenta no tenía fondos.
El procedimiento sumarial arrancó en un audiencia de Talavera de la Reina posteriormente de que el 17 de febrero de 2017, delante un protonotario de esta ciudad, tres familiares vendieran en escritura pública una vivienda a los dos procesados, casados en sociedad de gananciales. Los acusados afirmaron poseer pagado 70.000 euros por medio de una transferencia bancaria que habrían arreglado dos días antiguamente. Pero no fue así.
Para hacer creer a los vendedores y al protonotario que les habían enviado el precio pactado, los inculpados idearon supuestamente un plan con el que conseguir que los tres familiares firmaran la escritura y entregaran las llaves del inmueble. Según la fiscal del caso, el acentuado pidió y obtuvo, en una sucursal bancaria de Parla (Madrid), un documento que acreditaba poseer hexaedro una ‘orden de teledifusión de traspasos y transferencias periódicas’ sobre una cuenta suya en la que -manifestó en la oficina- iba a admitir inmediatamente un pago de 190.000 euros. Dijo que, de esa guisa, abonaría los 70.000 euros pactados en una cuenta de uno de los vendedores en otro parcialidad.
El encartado sabía que no había metálico en la cuenta, según la Fiscalía, pero siguió con el enredo: el 17 de febrero, exhibió a los vendedores y al protonotario el documento que le habían entregado en el Sotabanco de Santander, en el que se acreditaba poseer efectuado el plazo de los 70.000 euros mediante una transferencia. Entonces, los tres vendedores firmaron la escritura y entregaron las llaves de la casa. «No lo habrían hecho si hubieran sabido que la transferencia no se había efectuado ni se iba a ejecutar por descuido de fondos en la cuenta de cargo, de lo que solo posteriormente se percataron», sostiene el Ocupación Notorio.
Los dos acusados de un delito de estafa se enfrentan cada uno a una pena de prisión de cinco abriles de prisión. Los 70.000 euros no se han pagado y el hombre procesado retiene las llaves del inmueble, que «mantiene en su poder y posesión», según explica la fiscal en su escrito de inculpación, que data de agosto de 2020. Entre los testigos, está citado el director de la oficina del Sotabanco de Santander en Parla que expidió el documento que permitió a los dos reos poder padecer a punta la estafa.