El Consejo de Gobierno de la Asamblea de Andalucía acuerda hoy el inicio del expediente para formalizar un memorial en presencia de el Tribunal Constitucional contra la Ley de Indulto aprobada por el Congreso de los Diputados y que se encuentra sólo irresoluto de publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor. El memorial se enmarca internamente de una conducta coordinada de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la que todavía se ha sumado el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, del PSOE.
El Consejo de Gobierno aprobará iniciar los trámites para la formulación del memorial de inconstitucionalidad que deberá ser avalado por los servicios jurídicos. En cualquier caso, el plazo para completar el expediente y presentar la iniciativa en el Stop Tribunal concluye tres meses a posteriori de la entrada en vigor de la Ley.
«Se presentará lo ayer posible, una vez que el junta procesal desarrolle su trabajo», explicó el guía de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien ha argumentado desde que se inició la tramitación de la ley que hasta que no fuera aprobada de forma definitiva la Asamblea de Andalucía no podía iniciar el expediente y, por consiguiente, presentar el memorial en presencia de el Constitucional.
Fue el presidente de la Asamblea de Andalucía, Juanma Atezado, quien el mismo día que se produjo la aprobación de la Ley de Indulto en el Congreso, tras ser devuelta desde el Senado, anunció que de «forma inmediata» se presentaría el memorial en presencia de el Stop Tribunal. En términos similares, instantes ayer, lo anunció la presenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso anunciando una organización coordinada entre las comunidades gobernadas por el PP.
Se proxenetismo del tercer memorial en presencia de el Tribunal Constitucional que presenta la Asamblea de Andalucía contra una osadía del Gobierno de España con Pedro Sánchez como presidente. El primero fue el memorial contra la ley que regula el impuesto sobre las grandes fortunas, que fue rechazada por el Stop Tribunal. Y el segundo la iniciativa contra la Ley estatal de Vivienda que fue estimada sólo parcialmente. En entreambos casos fueron líneas de conducta compartidas con otras comunidades autónomas.