Recoge el documento un recordatorio de los períodos de suscripción establecidos por el propio Concello, que se estarían incumpliendo tras detectarse la existencia de facturas con un relación de conformidad asignada en el expediente electrónico que en su registro contable aún constan como en proceso de tramitación. Al corregir esta circunstancia, han entrado en el sistema una serie de facturas excluidas previamente, lo cual resulta en este incremento de tiempo.
El mismo crónica refleja que se ha enviado un requerimiento a todos los servicios municipales que mantengan aún facturas sin tramitar con pasado superior a los 30 días, ya que este retraso medio de casi cuatro meses supondría estar incumpliendo la ley 15/2010, conocida como Ley de Morosidad, que establece en esos 30 días el plazo del suscripción de facturas en cualquier operación comercial.
Problemas económicos
La delicada situación de la bienes municipal abre un nuevo frente a posteriori de conocerse que el pasado 31 de mayo, el corregidor ordenaba transferir 800.000 euros de distintos departamentos del consistorio para poder hacer frente a las nóminas de policías y bomberos. La caída parcial del orzamento de 2020, postrer aceptado por el gobierno municipal, obligaba a tomar esta medida, ya que fueron anuladas muchas partidas destinadas al capítulo de personal.
A este compromiso habría que sumar los pagos pendientes a las concesionarias. En estos momentos se encuentran ocho de ellas prestándose en precario, la más antigua desde 2015. Esta situación obligó a las concesionarias a acudir a la rectitud para poder desempolvar los pagos a la inflación. Eso habría generado un “agujero” de hasta 30 millones de euros.