El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, así como los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la revisión realizada por el Tribunal Supremo (TS) de sus sentencias por el 1-O, con las que Mantuvo las penas de inhabilitación, pese a la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación.
Así lo ha anunciado ERC en un comunicado explicando que Junqueras, Romeva y Bassa insisten ante el tribunal de garantías en que “no se les ha aplicado la ley actual”.
Los líderes independentistas han dado este paso después de que el Tribunal Supremo rechazara los incidentes de nulidad que presentaron contra dicha revisión y de “agotar la vía interna antes (de acudir) al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”.
Además, solicitan que se suspenda la ejecución de la sentencia de inhabilitación “para evitar daños irreparables a los derechos civiles y políticos afectados” tanto de los recurrentes como de las personas que a través de ellos ejercen su derecho a la participación política, según Junqueras. recurso de protección, al que ha tenido acceso Europa Press.
En este sentido, destaca que “Junqueras lleva ya casi 6 años sin poder ejercer efectivamente ningún cargo público o representativo”, alegando que “el retraso en la resolución de este pleito perjudicaría aún más los derechos fundamentales”. presunto.
Los recursos de amparo se dirigen contra la revisión que tuvo que hacer el Tribunal Supremo de las sentencias del ‘procés’ con motivo de la entrada en vigor de la reforma penal.
En el caso de Junqueras, condenado a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación, el Tribunal Supremo cambió el delito derogado por uno de desobediencia y mantuvo el de malversación en su versión agravada, por lo que dejó intacta la pena de inhabilitación, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031.
La Sala Penal realizó la misma operación con Romeva y Bassa, quienes quedaron con los 12 años de inhabilitación que recibieron en 2019, por lo que permanecerán inhabilitados hasta 2030.
Cabe recordar que el alto tribunal no revisó ninguna de las penas de prisión porque fueron indultadas en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que solo dejó vigentes las penas de inhabilitación.