Pero a lo holgado del procedimiento cada paso del enjuiciador Peinado ha estado en el centro de la polémica -y no sólo en la política- porque interiormente del sector legal hay voces que creen que hay “irregularidades procesales”.
Para el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, es “difícil encontrar precedentes” de esta representación. Y va más allá, cree que el magistrado “ha perdido los papeles“.
Asimismo es polémica la término en la que se ha producido la citación, en plena campaña electoral, poco que para Pedro Sánchez -tal y como mostró en su segunda Carta a la ciudadanía- era saltarse una “norma no escrita. Para el magistrado Joaquim Bosch no existe tal norma, aunque sí apunta a que hay jueces que “intentan por razones de prudencia no hacer coincidir actos de contenido legal con en periodos sensibles”. El magistrado igualmente señala que “no hay reproches jurídicos” sobre la valor de Peinado, y ha expresado que, en su opinión, las actuaciones judiciales “deben contar siempre con un respeto por parte de miembros del Gobierno. De igual forma para Bosch “es discutible que los hechos investigados puedan encajar en un delito de tráfico de influencias“.
Las asociaciones critican las acusaciones de prevaricación
Asimismo varias asociaciones han expresado su opinión sobre la investigación a Gómez. Fernando Portillo, Presidente de Foro Jurídico Independiente, cree que la citación a Begoña Gómez “no cambia nadie”. Para Portillo las acusaciones de prevaricación son gratuitas porque “el enjuiciador hace su trabajo” y no debe condicionar el mismo por la “situación”, ya que si lo hiciera “estaría cambiando todo el tiempo”. No es la única asociación que se ha pronunciado en este sentido. Desde la Asociación Jurídico Francisco de Vitoria afean a la clase política la polémica entorno a este procedimiento. Así lo ha explicado el portavoz de la asociación, Sergio Oliva Parrilla que igualmente ha indicado lo “poco constructivo” que resulta el hecho de que el Presidente del Gobierno “traslade a la ciudadanía la idea de que hay jueces que dictan resoluciones para perjudicar a un partido político”.
A este debate igualmente ha entrado Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Jurisprudencia de Andalucía (TSJA). Aunque no ha querido entrar a encuadrar “actuaciones concretas”, si que ha defendido “no interferir en procesos judiciales o en contiendas electorales”.
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