El Tribunal Superior de Rectitud de Madrid ha rechazado el solicitud de la Fiscala contra la comprensión de una investigacin la prctica de diligencias en el caso que investiga la filtracin de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Daz Ayuso. Al solicitud se haban sumado los dos hasta ahora investigados, el fiscal que llevaba el caso del fraude fiscal de Alberto Gonzlez Amador y la fiscal principal provincial de Madrid.
En esa resolucin, el magistrado instructor sugiere que dirigir a la Polica a la sede de la Fiscala si esta no remite los documentos sobre el caso que le ha reclamado. Lo hace afirmando que hasta ahora ha actuado de forma “que no supusiera una penosa intromisin en una institucin como es el Empleo Fiscal, evitando, si puede ser, el espectculo de la actuacin policial”.
El aviso llega despus de que la Fiscala Provincial no atendiera la primera peticin de informacin alegando que no se determinaba quin deba cumplimentarla. Tras la aclaracin del magistrado al respecto, en el solicitud ahora rechazado se solicitaba paralizar el plazo de 15 das que se le dio para remitir los datos solicitados.
El utilitario de desestimacin considera que el solicitud de reforma es “improcedente y extemporneo”. Indica que lo que rebusca en efectividad el solicitud es cuestionar la admisin a trmite de la querella por parte del Tribunal Superior de Rectitud de Madrid, un asunto que segn resalta el magistrado Francisco Jos Goyena ya qued resuelto con esa resolucin.
Considera “improcedente realizar de nuevo “una valoracin de los hechos objeto de querella, considerando que carecen de relevancia penal, solicitando el sobreseimiento vacancia y cuestionando la decisin del instructor de incoar las presentes diligencias previas”. No pueden pretender la Fiscala y los investigados, aade, que el magistrado designado instructor no cumpla con la orden de incoar unas diligencias en las que investigar lo sucedido.
Y es al mismo tiempo “extemporneo” retornar a atacar la decisin de tolerar la querella, cuando la Fiscala ya tuvo oportunidad de oponerse a ello, aunque fuera sin xito.
Rechaza la crtica de la Fiscala de que se comercio de una investigacin “prospectiva”. “Encuadrar de prospectiva esta investigacin resulta difcil de entender”, afirma el magistrado, que resalta que se investigan unos hechos “muy concretos” y por unos delitos que, aunque provisionalmente, tambin se han determinado (revelacin de secretos).
Y aade que tambin se ha determinado claramente que se dirige contra dos fiscales concretos aforados delante el TSJ. Aqu deja caer que eso podra cambiar: “Con exclusin, por el momento, de otros rganos judiciales”. Aunque no se indica expresamente, se comercio de una remisión a la posible asuncin del caso por parte del Tribunal Supremo si finalmente se seala al fiscal genérico del Estado, lvaro Garca Ortiz, como responsable de la filtracin a la opinin pblica de los datos personales.
El propio solicitud recordaba que “el Excmo. Sr. Fiscal Militar del Estado ha asumido pblicamente esa responsabilidad, pues sin su refrendo ese comunicado no habra sido divulgado”.
El ltimo mensaje a la Fiscala es que aporte la informacin relevante que sugiere tener: Cuestin distinta, y se nos representa qu ocurre, es que en el solicitud el Empleo Fiscal apunta hechos complementarios y posibles responsabilidades de terceras personas, quiz por lo que ha odo y ledo en prensa y otros foros ajenos al que nos encontramos que hoy por hoy no aparecen individualizados en la condicin de querelladas”.
Y concluye; “Si el Empleo Fiscal tiene un longevo conocimiento de circunstancias relevantes y con incidencia en esta investigacin que lo que alcanza a este instructor […] no dudamos que lo pondr en nuestro conocimiento, pues es su obligacin”.