Las necesidades históricas de la Guardia Civil en Córdoba

La última novedad en el caso de la legionela es que el cuartel de Lucena ha hexaedro ya imagen en los examen en los últimos días de la semana. En cualquier caso, todavía hay 14 acuartelamientos que siguen en situación de trazas positivas de legionela en el agua de los cuarteles —en el momento del obstrucción de esta estampación—.

Esta situación, gracias a Dios, no ha significado ningún contagio conocido entre el personal de la Guardia Civil o los familiares que residen con ellos en los cuarteles. Sin confiscación, ha puesto de nuevo de manifiesto las posibles carencias que sufre el cuerpo.

Una de las principales reivindicaciones históricas de la AUGC en la provincia de Córdoba es la pobreza de habilitar nuevos cuarteles, especialmente donde no los hay o están en situación perenne de interinidad. El portavoz de este colectivo en Córdoba, Rafael Sánchez, analiza en torrevieja news today las deposición más perentorias en materia de infraestructuras.

La AUGC pone de manifiesto que lo más imperioso es la situación de provisionalidad que viven en La Carlota, Espejo y Palma del Río. «Llevan muchos abriles diciéndonos que la construcción de sus nuevos cuarteles está en situación preferente o prioritaria», asegura Sánchez, pero lo cierto es que «nunca llegan».

Los guardias civiles de La Carlota están «en una vieja instalación de la Policía Regional que no cumplen los mínimos» para dar un servicio en condiciones. En Espejo, el caso es más sangrante: «Se han tenido que ir de la nave en el polígono industrial en el que estaban y ahora están en el puesto de Castro del Río». Por extremo, Palma del Río «tiene un acuartelamiento de los más antiguos» del país.

El Gobierno de España, en sus respuestas en el Congreso, el Senado y en el portal de transparencia interno del cuerpo, sostiene, como adelantaba la AUGC, que «se han iniciado los expedientes para arrostrar a lado la construcción de los acuartelamientos de la Cuidado Civil en La Carlota y Palma del Río», pero lo cierto es que, como matiza luego Sánchez, «llevan así abriles, sin que se den pasos para su construcción auténtico».

Por lo demás, el Tarea del Interior cita que ahora mismo «están en curso las obras del cuartel en Rute», así como avanza que la Comandancia de la Cuidado Civil en Córdoba hacienda recibirá un impulso de mejoría con una inversión prevista de «2,5 millones de euros».

Lo cierto es que la AUGC viene criticando que el cuartel de Córdoba «de 1901 y que llegó a la Cuidado Civil en 1932 es de los más antiguos», por lo que ha denunciado en múltiples ocasiones «el estado obsoleto del sistema eléctrico» que da problemas en picos de uso, entre otros motivos, porque es «de los pocos de España que mantiene un contador global para el cuartel en división de los individuales» para cada vivienda.

Por lo demás, el Ejecutante de Sánchez obvia el caso de Espejo, con el Concejo intentando darle una posibilidad a esta situación, y se expresa de forma contraria respecto a Montilla: «No se tiene previsto acometer ninguna proceder en el Puesto de Montilla». En definitiva, el Gobierno sentencia con una frase lapidaria para su argumentario que el «85 por ciento» de los cuarteles de la provincia de Córdoba «están en estado adecuado de uso».

Las desavenencias entre lo que reclaman las asociaciones de la Cuidado Civil e Interior en cuestiones de plantilla en la provincia es atractivo. El Gobierno de España, este mismo año, ha contestado ya que la Dirección Caudillo de la Cuidado Civil «está realizando estudios sobre una posible reorganización de unidades territoriales en diferentes Comandancias».

La plantilla

De momento, el Gobierno asegura que «a data del 29 de febrero de 2024», la plantilla en Córdoba tiene un total de «1.250 efectivos disponibles», por lo que concluye que la provincia presenta un porcentaje de ocupación «del 91,5 por ciento», que es superior a la media franquista (88,8%). Adicionalmente, admite que, a 22 de marzo de 2024, hay «35 efectivos que se encuentra en situación de incapacidad temporal por una duración superior a seis meses».

La AUGC matiza esas cifras. De un costado, denuncia que «la plantilla en nuestra provincia se ha estrecho un 5 por ciento en dos abriles, cuando lo que tenía que hacer es crecer». En este sentido, Rafael Sánchez refleja que el «reducido que estimamos para aparecer a medio ver la luz es de 1.400 agentes», pero que «la sinceridad es que, mes a mes, vemos los datos reales que nos dicen que la situación de activos en Córdoba es de al punto que 1.100 efectivos». Es afirmar, que estiman un pasivo de unos 300 agentes en la provincia en el día a día (por comisiones, bajas, reservas, etc), aunque las vacantes necesarias serían «unas 150, cerca de del 11 por ciento de la plantilla».

Explica la discrepancia de cifras: «La Dirección Caudillo incluye a reservas ocupados y agentes en prácticasm en sus cifras, pero eso es hacer trampa». Adicionalmente, «ellos hablan de una ocupación del 91,5%», asegura Sánchez, pero porque «lo que están haciendo es compendiar el catalogo de puestos en Córdoba», que se ha bajado «un 7%».

Conclusión, si reducen el reducido de agentes que creen necesarios en la provincia en el catalogo, «en división de ampliarlo», y contabilizan «personal que no está en servicio de calle y activo como reservas y prácticas» lo que provocan «es que engorda la emblema de ocupación», que, a su causa, «no coincide con la sinceridad» ni la pobreza del cuerpo.

La AUGC describe que todos las áreas tienen pasivo de personal, pero la peor situación, explican, se da en «Servicios». El Gobierno no desglosa los datos de la plantilla, omitido en el caso de que asegura que hay en Córdoba «36 especialistas» de la Cuidado Civil que están «en las mecanismo de violencia de artículos y llano (UMUME)». Pero, Córdoba es la cuarta provincia de España con menos número de agentes mujeres en el cuerpo.

Todas las partes coinciden al menos en la pobreza de reorganizar el personal de la Cuidado Civil a nivel franquista. Sin confiscación, discrepan en la forma. Por ejemplo, el Tarea del Interior ha retomado el esquema de reorganizar el Seprona, que se quedó en un cajón en el 2022, lo que afectará a los efectivos de la provinciaa.

«Lo hacen sin transparencia y sin escucharnos», afirma Sánchez. De hecho, no hay ninguna respuesta pública del Gobierno de esta tema, aunque la AUGC asegura que «en algunos casos han contactado con los agentes y todavía nos lo han agradecido en reuniones privadas sobre este asunto».

Este cambio de maniquí en Córdoba implicará importantes cambios. Supondría la supresión de esta preparado en los puestos de Baena, Rute, Peñarroya Pueblonuevo y Villanueva de Córdoba, para la creación de dos nuevos destinos del Seprona en Pozoblanco y Lucena.

Vehículos con más de 10 abriles

Otra de las demandas del colectivo de guardias civiles es el estado obsoleto de la flota de vehículos del Instituto Armado en Córdoba. Según la AUGC, el parque móvil de la Guardia Civil en la provincia tiene una caducidad media de 11 abriles y un tercio de los vehículos superan los 200.000 kilómetros.

El Gobierno tira balones fuera al respecto. Asegura que las compras están centralizadas «en función de las solicitudes de los cuerpos policiales». Sólo pormenoriza el estado de los coches que utilizan los equipos Roca, que se dedican al control de los robos en agricultura y grey. Asegura que disponen «de 13 coches, con una media de 13,12 abriles y 143.957 kilómetros». Confirman, con este ejemplo, la suscripción media de etapa y kilómetros.

La AUGC ha denunciado que la medio de la flota de Córdoba tiene «más de diez abriles», que un «tercio tiene más de 15 abriles» y hay 44 vehículos «con más de 20 abriles». La emblema de adquisiciones es llamativa. En 2023, sólo se hicieron 16 adquisiciones para la provincia cuando se dieron de desprecio 15 coches. Se reducía los 29 comprados en 2021 o los 40 de 2022.

A lo que suma, lógicamente, la vieja aspiración de una equiparación salarial que sigue en camino.