El oscilación de la Oficina Antiocupación de Badalona, un maniquí que priorizó el corregidor, Xavier Garcia Albiol durante la campaña electoral, una vez subsanados los problemas endémicos de contratación que padece el Concejo, arroja los primeros datos positivos. Durante el primer trimestre del año, se ha pequeño un 14,6% el número de ocupaciones consumadas en la tercera ciudad catalana y desde mayo del año pasado, entre la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra, han abortado 247 allanamientos ilegales, una media de 20 al mes. Encima se han atendido a 400 personas afectadas.
El perfil de los usuarios de la nueva oficina municipal, que en una año ha atendido a 400 afectados, son personas particulares que sufren la ocupación de pisos y locales que son propiedad de grandes tenedores de vivienda, pero que generan una gran conflictividad municipal ya que a menudo están vinculadas a grupos organizados. Mafias que primero utilizan a personas vulnerables para ocasionar la inviolabilidad del domicilio y evitar el desalojo policial y que luego lo utilizan para el tráfico de droga y otras actividades delictivas. “Estos inmuebles son la zona desaseado de la delincuencia” aseguran desde el Concejo. Las zonas más “calientes” de la ciudad son los barrios de Llefià, La Salut, Sant Roc, Remei y Artigas.
Obra de las mafias organizadas
En cuanto se recibe la denuncia en la oficina antiocupación, según detalla el concejal de Teniente de corregidor de Demarcación, Daniel Desenvoltura, se activa un protocolo que empieza por contactar con los propietarios del inmueble o con su enlace para notificarle la situación. Con posterioridad se inicia una investigación que implica transversalmente a otras concejalías, como la de Servicios Sociales, para dirimir la idoneidad de proceder al desalojo policial. Para ello, aseguran que es secreto la existencia de una denuncia legislativo.
La regidoría que dirige el concejal Daniel Aguilera, se zócalo en dos lineas de concierto. La primera, desde que en agosto de 2023 se contrató una directora de Vivienda, es entrar en contacto con los grandes tenedores y propietarios para suscribir un convenio de colaboración, que se firmó en febrero y que además implica a las administraciones de fincas.
Comunicación al interior del B-9 en Badalona
Por otro flanco, Demarcación ha reforzado la sistematización de la disciplina urbanística para detectar si la vivienda ocupada reúne las condiciones de habitabilidad. Un ejemplo son los locales comerciales ocupados que suman incidentes de seguridad, como los recientes casos de incendios.
En la misma fila, el Concejo ha firmado un convenio con la compañía eléctrica Endesa para que, a través de detectar las conexiones fraudulentas al suministro eléctrico, ubicar nuevas ocupaciones que la Retén Urbana puede proceder a desalojar atendiendo al protocolo que se zócalo en la flagrancia del delito.
Consultorio jurídica para los afectados
El postrero factor que armamento la logística contra las ocupaciones ilegales en Badalona y que entrará a puja en los próximos días, es la contratación externa de una consultorio jurídica que, a parte de asesorar a las víctimas, además podrá comportarse judicialmente si así lo estima el gobierno municipal. En este unidad sólo se atenderá a vecinos particulares a los que se realizará el extras durante el trámite judicial.
En Badalona hay casos flagrantes de ocupaciones conflictivas, como el instituto B9 que acoge a más de 200 ocupas con una prolífica actividad delictiva pero que la árbitro de control no dudó en desestimar el desalojo argumentando la carestia de apañarse una alternativa social para los ocupas. Precisamente la carestia de equiparar el criterio legislativo es otra de las reclamaciones del gobierno badalonés del Partido Popular.
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