De esta modo, García Ortiz alega directamente al togado que lleva la causa en el TSJM que esa nota de prensa no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones “expresas y directas”. Por ello concluye que el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, que correspondería al Tribunal Supremo.
García Ortiz ya asumió de forma pública y verbal la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. En esa afirmación, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su “notoria e imprescindible billete en la puesta en circulación de la nota de prensa”, ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el Fiscal Superior encargado del procedimiento.
Con esa afirmación y el escrito presentado este lunes, el Fiscal Universal proxenetismo de proteger a las y los fiscales de Madrid -tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto, según ha destacado la Fiscalía Universal en una nota de prensa emitida este lunes para anunciar la presentación del escrito.
La nota se emitió “para poner fin a un bulo”
García Ortiz ha reiterado que la nota se emitió “para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal” y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información serio a la ciudadanía. Y ha asegurado que le resulta “cuando menos sorprendente” que sean exclusivamente los integrantes del Empleo Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos porque, como consta en el escrito remitido al TSJM, en aquellos momentos los correos electrónicos que el erudito de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid “circulaban ya -sin contención alguna– por las redacciones de varios medios de comunicación”.
“No puedo consentir ni tolerar”, asegura el fiscal normal, dejar “cuestionar la proceder de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su soberanía provincial o autonómica por el único hecho de desarrollar su función constitucional y justo”. Y todo, “cuando no existe indicio alguno respecto a su billete en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del supuesto defraudador”.
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