Termina por culminarse la ley orgánica de gracia con su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) este martes tras acontecer sido aprobada anteriormente en el Congreso hace seis meses. La gracia entra en vigor abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen.
Con esta norma se examen la normalización institucional, política y social en Cataluña, pero sobre todo cerrar una etapa de «enfrentamiento y división en la sociedad», ha dicho el PSOE en su primera reacción tras la publicación en el BOE.
Los socialistas han replicado que la norma ha demostrado su utilidad a la hora de rasgar una nueva etapa de aproximación, diálogo y prioridades compartidas que la sociedad catalana consagró en las urnas el 12 de mayo y ratificó el pasado domingo con las elecciones europeas donde el PSC ganaron en los comicios tras 15 abriles sin hacerlo afianzándose como la primera fuerza con el 30,63% de los votos y Salvador Illa consigue su finca trofeo desde que lidera el partido socialista de Cataluña a posteriori de dejar el Empleo de Sanidad.
La norma ampara más o menos de más de 300 personas, entre ellas 12 CDR procesados
La gracia nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.
Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. Según el ministro de Presidencia, Imparcialidad y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, la norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y ERC, a los 12 CDR procesados y a los investigados por ‘Tsunami Democràtic’, entre otros.
La proposición de ley fue registrada en solitario por el Asociación Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de necesidad, no ha trillado la luz hasta más de seis meses a posteriori, a posteriori de que la semana pasada reuniera el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
Desde la publicación de la ley este martes, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la honradez europea. El diario oficial además abre el plazo de presentación de capital de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.