Los 27 piden tiempo para poder evaluar el impacto económico y político y los efectos que tendría aceptar la propuesta.
Los países de la Unión Europea han pedido a España un dictamen de los servicios jurídicos del Consejo y más tiempo para estudiar el impacto económico y político del reconocimiento de la catalánél gallego y el vasco como lenguas oficiales de la Unión Europea. Esta postura desvanece las opciones de acuerdo el próximo martes cuando los ministros lo discutan en Bruselas y ello pese a que el Gobierno ha ofrecido que España asuma el coste del uso de estas lenguas cooficiales.
En un debate a nivel de embajadores para preparar la reunión del martes, una gran mayoría de países han manifestado su apoyo al multilingüismo como puente para conectar con los ciudadanos y han mostrado comprensión con los intereses de España, pero también han planteado muchas “dudas” respecto a la impacto de la medida tanto en el funcionamiento de la UE como en las arcas comunitarias, han informado distintas fuentes europeas.
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que ejerce como presidencia de turno del Consejo de la UEintrodujo este martes en la agenda de los ministros europeos un intercambio de opiniones para modificar el reglamento sobre las lenguas oficiales, con la intención de que el asunto sea sometido a votación del bloque ese mismo día.
Sin embargo, varios diplomáticos consultados señalan que nadie comparte el “sentido de urgencia” que España transmite a sus socios, porque el resto de capitales ven prematuro tomar cualquier tipo de decisión si se trata de cuestiones en las que el Gobierno no ha estado a fondo. examinado. También se han presentado detalles, por ejemplo cuál sería el coste estimado de añadir estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.
El temor entre varias delegaciones al marco legal en los Tratados también frena las opciones de acuerdo, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocida por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible “efecto dominó” que podría generar en otros estados miembros la apertura de la puerta a las lenguas regionales.
Tal como están las cosas, los socios europeos solicitan el respaldo legal del Consejo y evaluaciones detalladas del impacto en los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento, lo que hace casi imposible que se tome una decisión el martes.
Son documentos que requieren tiempo de preparación y varias delegaciones han dejado claro que quieren que todo ello sea examinado y discutido “en detalle a nivel técnico”, es decir, en grupos de trabajo en los que abordar una reflexión más a largo plazo. . , y que consideran que “es demasiado pronto para tomar una decisión”.
PASES INDECIDIDOS
El pasado miércoles, Suecia fue el primer Gobierno que se mostró públicamente indeciso al pedir examinar “más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta” y este viernes lo ha hecho Finlandia ha advertido de que el uso del catalán, el euskera y el gallego en la UE puede ralentizar la toma de decisiones a nivel comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas.
Para pases como Bélgica cualquiera Países Bajos Es difícil tomar una decisión sin tener sobre la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre cómo “articular” la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre la forma en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea.
Mientras tanto, para otros países como Francia, donde el reconocimiento de las lenguas regionales es una cuestión delicada, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Hasta el momento, ningún Estado miembro se ha posicionado en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere un apoyo unánime y son varios los que piden estudiar el proceso con más cautela.
Además, España no es el único país con lenguas minoritarias en su territorio y otras delegaciones temen que abrir este debate pueda generar un efecto llamada que despierte demandas similares en otras regiones, explica el alto cargo de un Estado miembro.
En cualquier caso, el debate a nivel de ministros tendrá lugar el martes en Bruselas en una reunión a la que asistirá el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albaresalgo inusual porque es el Secretario de Estado de la UE, Pascual Navarroque habitualmente representa a España en el Consejo de Asuntos Generales.
En este caso estarán presentes ambos, Navarro para moderar la reunión desde el cargo de actual presidencia de la Unión Europea y Albares para explicar la propuesta y defenderla ante sus socios. El intercambio de opiniones se dará por sentado, mientras que la votación, también prevista en el orden del día, dependerá de lo que decida la presidencia española durante el debate.