En el Supremo hay dos procedimientos penales relativos al proceso independentista catalán. Por un banda, la causa exclusivo 20907/2017, que es la conocida como la causa del ‘procés’, que incluye a Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía, así como al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas que fueron condenados en 2019. Esta causa comprende delitos de desobediencia y malversación.
Por otro banda, figura el procedimiento penal extenso el pasado mes de febrero por supuesto terrorismo contra el propio Carles Puigdemont y el diputado electo de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg, todo ello enmarcado en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic‘.
Según precisan fuentes fiscales a Europa Press, el Tarea Manifiesto se limitará a dar respuesta a lo que le pregunten los tribunales. No hará un referencia universal sobre la ley de indulto. Las mismas fuentes han remarcado que los fiscales del ‘procés’ (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cautiverio y Jaime Atezado) deberán informar a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal universal del Estado, Álvaro García Ortiz, ayer de contestar a los magistrados de la Sala de lo Penal del TS.
La ley de indulto entra en vigor
La Ley orgánica de indulto para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que se aprobó el pasado 30 de mayo por la mayoría del Congreso, ha entrado en vigor este martes tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado. El preámbulo y los tres títulos de La Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de indulto para la normalización institucional, política y social en Cataluña, sancionada por el rey Felipe VI, protagonizan las 23 primeras páginas del BOE 141 publicado este martes.
Desde el momento en el que ha sido publicada en el BOE, su aplicación queda en manos de los jueces y tribunales que tengan sobre la mesa causas vinculadas al ‘procés’. Lo que establece la ley es que se suspenden de modo inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor, aunque ya se conoce lo que ocurre con Puigdemont.
Los fiscales del Supremo ya comunicaron al fiscal universal del Estado, Álvaro García Ortiz, su concurso a amnistiar el delito de malversación, ya que la propia norma lo excluye y, por otra parte, “afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)”, lo que concierne al exvicepresident catalán Oriol Junqueras y a los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados por malversación.
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