La raíz de Gabriel Cruz ha pedido un “pacto de Estado” para que presos condenados por delitos violentos graves, como asesinos o violadores, no puedan hacer desde las cárceles “ni un documental ni una serie televisiva ni un ejemplar”.
Ramírez incluso indicó que la productora que estaba haciendo este reportaje sobre Ana Julia Quezada, con la que contactó por intermediación de la Agente Civil, ha renunciado a realizar el documental sobre el homicidio de su hijo.
El abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández-Thiel, ha agradecido que Quezada ha accedido a surtir entrevistas con medios de comunicación, pero ha desmentido que el traslado a una celda de aislamiento se haya producido a raíz de las presuntas irregularidades cometidas durante la reproducción del documental en la prisión. Además desmintió que durante el registro se encontrara un móvil.
Gabriel Cruz fue asesinado en 2018 por la que en ese momento era la pareja del padre del pequeño. La petición de Patricia Ramírez no es nueva sino que ya alzó la voz hace unas semanas cuando desde la gayola de Ávila le informaron que la asesina condenada por el crimen de su hijo estaba colaborando con una productora de televisión para hacer un documental sobre su caso y que iba a cobrar por ello.
En una concentración previa convocada por la raíz del ‘pescaíto’, Patricia manifestó: “¿Queremos convertirnos en Estados Unidos, donde los asesinos tienen club de fans? ¿En este país le pagamos al Chicle, a asesinos de ETA o al Rafita y los ponemos incluso en frente de un micrófono? Si no lo paramos, esto es lo que va a sobrevenir”.
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