Merienda días luego de su aprobación definitiva en el Congreso, la Ley Orgánica de Gracia para la normalización institucional, política y social en Cataluña entró este martes en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y lo hizo con más dudas que certezas no sólo en cuanto a su posible inconstitucionalidad y adecuación al derecho europeo -cuestiones que llevan sobre la mesa desde el inicio de su recorrido parlamentaria y que se despejarán en su momento por los cauces adecuados- sino por las dudas que su aplicación suscita en el caso de delitos como la malversación o el terrorismo. Y es que una cosa es la voluntad del congresista y otra cómo se plasmará en el centenar de procedimientos abiertos en los que cada togado tiene poco que aseverar, pues hasta la propia ley reconoce que el destino de encausados, procesados y condenados está en sus manos.
Cumpliendo su papel y una vez publicada y ya en vigor la remisión, los tribunales han puesto en marcha la maquinaria para que, en un plazo récord de entre cinco y diez días a lo sumo, informen sobre la aplicabilidad o no de la norma en afectados concretos. No en vano, en dos meses la ley tiene que estar aplicada en aquellos procedimientos cuyos encausados sean susceptibles de ser beneficiados con el borrado de sus delitos y la consiguiente terminación de su responsabilidad penal.
Y puede que no sean todos a los que aspiran el Gobierno y sus socios a tenor del mensaje que el togado Llarena se encargó de editar ayer en la misma providencia en la que emplazó a Fiscalía, delación popular y defensas de los prófugos Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, a pronunciarse. «Corresponde al poder parlamentario el establecimiento de los criterios para ser beneficiario por la remisión y corresponde al poder contencioso identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el congresista». Y es esa potestad del togado la que no ha derivado en un asonada mecánico de las medidas cautelares que pesan sobre procesados como Puigdemont, sino que esta sea incluso una valentía del instructor tras escuchar a las partes.
Así en la providencia notificada ayer Llarena ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados citados, adoptadas en automóvil de enero de 2023, «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas».
El magistrado cierra la puerta así a que, al menos de momento, Puigdemont entre en España sin ser arrestado. Una vez que las partes informen, se verá. A ellas les pide que concreten no sólo si la norma es aplicable «a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados», sino incluso «sobre la pertinencia de apoyar o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos». Incluso que manifiesten si hay algún motivo de restricción en la aplicación de la ley.
De la misma forma, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del ‘procés’ y la magistrada Susana Polo, como instructora del ‘caso Tsunami Democratic’, dictaron sendas providencias emplazando a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley en sus respectivos asuntos. El primero, que tiene en sus manos el destino de Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, recuerda que la Ley señala que «sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (…) cuando así haya sido notorio por resolución firme dictada por el entraña competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley».
Susana Polo, por su parte, quien tiene que osar sobre Puigdemont y Rubén Wagensberg (ERC), entreambos aforados e investigados por terrorismo en Tsunami, da a las partes diez días para expresar su parecer.
Terrorismo en Tsunami
Y respecto a la parte de Tsunami que sigue en la Audiencia Doméstico, el togado instructor Manuel García-Castellón siguió el mismo camino, una providencia que pedía noticia a la Fiscalía y el resto de acusaciones y defensas sobre la posibilidad de aplicar la remisión a sus investigados por terrorismo, desde Marta Rovira a Josep Lluis Alay, pasando por Xavier Vendrell o Josep Campmajó. Algunos, como Oriol Soler o Marta Molina pidieron ya la aplicación del olvido, pero tendrán que esperar a que al promontorio de diez días, hayan informado todas las partes. En cuanto a la Fiscalía, discrepó con el togado porque no apreciaba terrorismo, así que no es descartable que no se oponga a la remisión.
Sin salir de la Audiencia Doméstico, penden incluso de la ley los acusados de terrorismo como miembros de una célula violenta de los Comités en Defensa de la República. En su caso, ya en manos de un tribunal, la cuestión se dirimirá en la olfato previa al entendimiento señalada el 27 de junio, donde las defensas pedirán la remisión y la Fiscalía fijará su posición.
Trama rusa
Incluso los tribunales catalanes arrancaron ayer el proceso para amnistiar a los expresidentes Artur Mas y Quim Torra, así como a los arquitectos del ‘procés’, Josep María Jové y Lluís Salvadó. Los dos últimos, con entendimiento señalado para el próximo octubre. Las partes tienen ahora un plazo de diez días para pronunciarse al respecto.
En el caso de Mas, fue condenado, yuxtapuesto a Joana Ortega e Irene Rigau, a casi dos abriles de inhabilitación por organizar la consulta del 9-N. Pese a que dichas penas ya están agotadas, la remisión supondría revocar sus referencias. Otra de las causas, la que afecta a Torra, hace relato al parecer por desobediencia tras negarse a retirar una pancarta en merced de los políticos presos del oteador de Palau, durante una campaña electoral. La sentencia, que le impuso 18 meses de inhabilitación, le obligó a darse la presidencia.
La de este martes fue una etapa en la que se sucedieron los escritos en cascada, entre ellos, los 38 de Esquerra para que tanto los ya condenados -Junqueras- como los aún procesados -Rovira- se beneficien del olvido penal. Por otra parte de políticos, también ‘activistas’ han solicitado ya la remisión. Entre otros, aquellos sentenciados por embestir a policías, como Adrián Sas, irresoluto de ingresar entre rejas para cumplir tres abriles y medio por empujar a dos mossos.
Incluso Víctor Terradellas, investigado por el togado Aguirre en la denominada trama rusa, a la que él mismo dio inicio, al hacer relato en una conversación al supuesto apoyo del Kremlin a la independencia de Cataluña con criptomonedas y el giro de «10.000 soldados», formalizó ya su escrito para que el instructor de carpetazo a las pesquisas.