Los fiscales del 1-O han remitido este mircoles un oficio al fiscal común del Estado, lvaro Garca Ortiz, donde le piden que d por escrito la orden que ayer les anticip: que no comparte la parecer jurdica de que el delito de malversacin de caudales pblicos imputado a Carles Puigdemont quede fuera de la aplicacin de la Ley de Amnista.
En el documento, conocido por EL MUNDO, los fiscales de Sala sostienen lo posterior: “Si considera que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del anlisis del hecho concreto y de los argumentos jurdicos expuestos en los informes que se adjuntan, deber ordenarlo por escrito de forma motivada y fundada, y a continuacin proceder conforme a lo dispuesto en el artculo 27 del Estatuto Orgnico del Profesión Fiscal –convocando la audiencia preceptiva de la Corporación de Fiscales de Sala- ya que estimamos que su aplicacin en lo que concierne al delito de malversacin de fondos pblicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios ms elementales de lgica jurdica y de licitud penal exigibles en la interpretacin y aplicacin de la norma”.
El citado artculo 27 recoge que “el fiscal que recibiere una orden o instruccin que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo har asimilar as, mediante documentación razonado, a su fiscal caudillo”.
Asimismo, en el oficio enviado a Garca Ortiz los fiscales tambin sostienen que en caso de que “mantenga finalmente la decisin sobre la aplicacin de la ley a los hechos constitutivos de malversacin”, tendr que aplicar del artculo 25 de EOMF por lo que “ser necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocacin de la causa para ser despachada por usted o quien designe a tales bienes”.
Los fiscales de Sala sostienen que “la Ley excluye de su aplicacin los actos de malversacin que implican un ganancia personal o un beneficio patrimonial”.
Los fiscales del Tribunal Supremo exponen que “resulta indudable que los procesados Puigdemont, Antoni Comin y Lluis Puig (en su condicin de presidente y consejeros de la Generalitat) y los condenados por sentencia firme Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raul Romeva y Dolores Bassa, como receptores de los gastos sustrajeron por s mismos caudales pblicos. No recurrieron a la conducta pasiva de comisin por omisin de consentir que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales pblicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Rectitud de Catalua un tesina inconstitucional de desintegracin de Espaa y proclamacin de independencia; y esos fondos no han sido restituidos”.