La dirección de Ford España ha comunicado este miércoles que el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto en su industria valenciana de Almussafes afectará a 1.622 puestos de trabajo, un tercio de la plantilla coetáneo.
De ellos, 626 serían bajas incentivadas con carácter definitivo y 996 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027, según el plan expuesto por la empresa a los representantes sindicales en la reunión en la que se ha constituido la comisión negociadora para concretar las condiciones económicas.
El posterior audiencia se producirá el próximo lunes, tras la asamblea de afiliados que UGT ha convocado para el sábado para establecer las líneas de un posible acuerdo con la empresa. Desde el sindicato mayoritario en la depósito vienen abogando en las últimas semanas por «arbitrar soluciones transitorias viables» y se muestran seguros de que contarán «con el apoyo de las administraciones», aunque todavía «deberán contar con la predisposición» de la cúpula de la marca del elipse.
En esa trayecto, el presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, ha pedido que el Gobierno active el mecanismo RED y ha puesto el foco en que no existen «demasiadas garantías» de que esos mil despedidos -«con 20 días por año, mayor una anualidad»- vuelvan a ser contratados interiormente de tres primaveras.
Por su parte, desde STM-Intersindical han detallado que el expediente afecta a 1.129 personas del dominio de vehículos, un 30%, y a 433 empleados de la planta de motores, el 60% del total. Las causas del mismo, ha abonado el sindicato, son el cese de producción de la furgoneta Transit en abril y que el motor EcoBoost «se va a producir en origen en Estados Unidos».
En un comunicado, la multinacional se compromete a «trabajar constructivamente con la representación permitido de los trabajadores y los gobiernos franquista y regional para encontrar todas las oportunidades posibles para sujetar el impacto en los empleados de Ford, sus familias y la comunidad nave» del cuarto ERE desde 2020. El postrer, pactado en abril del año pasado, afectó a 1.444 trabajadores -a través de planes de prejubilaciones y futuro incentivadas- y dejó a una plantilla de 4.700 para producir el Kuga, único maniquí que se fabrica actualmente en Valencia.
La planta inicia así la transición alrededor de el segundo trimestre de 2027, cuando está previsto que asuma la fabricación de 300.000 coches y 300.000 motores, así como el montaje de 300.000 baterías anuales de un nuevo transporte multienergía que Almussafes producirá íntegramente.
En paralelo, la compañía ha ampliado hasta el 31 de julio el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que está en vigor desde abril, cuando perdió el cuarto transporte en dos primaveras. A esa situación prevista inicialmente se sumó un problema de suministro de piezas en motores y la último demanda del mercado norteamericano.
Ford Europa anunció en 2022 que la industria de Valencia era la elegida, frente a la alemana de Saarlouis, para producir su nueva plataforma de vehículos eléctricos a partir de 2025. Más tarde, se pospuso a 2026. Una atrevimiento que no evitó que se tuviera que redimensionar la plantilla.
Sin confiscación, a finales del año pasado, la dirección decidió postergar cualquier inversión destinada a electrificar su industria valenciana para reestudiar su táctica delante unas ventas de coches eléctricos por debajo de lo esperado. En mayo, la compañía calmaba la incertidumbre de los trabajadores y anunciaba un nuevo maniquí híbrido para Almussafes, sin concretar más detalles.
Mecanismo RED
Tras conocerse los detalles del ERE, la Generalitat Valenciana todavía ha reclamado al Gobierno de España que active el mecanismo RED para todo el sector de la automovilismo, porque «no se tráfico de un asunto regional», sino de carácter franquista. Con esta medida, contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, se pueden autorizar suspensiones temporales de contratos o reducciones de viaje.
«El sector está muy afectado por la indefinición del mercado y necesita ser protegido de las dificultades, sobre todo su caudal humano», ha sostenido la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.
En ese sentido, el Gobierno autonómico que lidera Carlos Mazón va a poner en marcha «acciones de formación y recualificación profesional» de los trabajadores y una comisión interdepartamental con las consellerias de Industria, Hacienda y Empleo para «estar en el día a día» de la negociación del expediente y «poder tomar las medidas oportunas».